El presidente Gustavo Petro se vio obligado a rectificar las declaraciones que emitió durante un consejo de ministros en octubre de 2025, en las que señaló a los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno de estar implicados en casos de volteo de tierras y en irregularidades relacionadas con el Banco Pacífico. La rectificación se produjo en cumplimiento de una sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparó los derechos de los empresarios.
Los hechos que llevaron a la rectificación
En la transmisión del consejo de ministros del 21 de octubre de 2025, el mandatario mencionó a los señores Moreno Mejía sin presentar pruebas, vinculándolos a presuntos delitos. Sin embargo, la medida judicial determinó que estas personas no han sido sujetas a decisión penal alguna, ni imputación, ni acusación, ni condena por los hechos referidos. Petro reconoció que los empresarios gozan plenamente de la presunción de inocencia, consagrada en la Constitución Política y en tratados internacionales de derechos humanos.
La defensa del presidente
A pesar de la rectificación, el presidente Petro ratificó las afirmaciones que hizo en 2002 durante un debate de control político sobre el caso del Banco Pacífico. En esa ocasión, como congresista, publicó un libro con pruebas y documentos que, según él, respaldan sus señalamientos. Anunció además que su libro será reeditado próximamente.
Reacciones y contexto
La rectificación se da en medio de un ambiente político tenso, donde diversas figuras han cuestionado las declaraciones del mandatario. El Centro Carter, por ejemplo, ha pedido respetar los resultados electorales. Por su parte, Petro ha insistido en su tesis de fraude electoral en la primera vuelta presidencial, aunque la Registraduría ha desmentido estas afirmaciones punto por punto.
La sentencia de tutela, emitida el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó al presidente rectificar sus dichos. En un mensaje publicado en redes sociales, Petro acató la decisión judicial y reafirmó su compromiso con la presunción de inocencia, aunque mantuvo su postura sobre los hechos investigados en el pasado.
