Mientras los candidatos presidenciales recorren regiones y ajustan sus últimas apariciones públicas, un mapa de riesgo se despliega en paralelo entre informes de inteligencia, análisis de seguridad y esquemas de protección que buscan anticiparse a cualquier amenaza, intimidación u hostigamiento contra quienes aspiran a la Presidencia de Colombia.
La sede política de la campaña de la candidata Paloma Valencia, ubicada en la carrera Séptima con calle 53, en la localidad de Chapinero, Bogotá, fue objeto de un ataque este jueves en medio de protestas. Este acto vandálico se sumó a los reportes de las autoridades sobre el incremento de riesgos.
Aumento de amenazas
Los registros del Ministerio de Defensa y las autoridades encargadas de la protección de los aspirantes muestran un aumento en las amenazas contra candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Las instituciones han desplegado personal, vehículos blindados y esquemas de seguridad, además de realizar seguimiento a posibles riesgos físicos y digitales.
El documento señala que la protección de los aspirantes se reforzó tras el atentado contra Miguel Uribe, cuyo asesinato en 2025 incrementó los análisis de riesgo para la actual contienda electoral.
Las amenazas registradas
Las cifras entregadas durante las sesiones de evaluación indican que, hasta el momento, se han registrado 28 amenazas dirigidas a aspirantes presidenciales. El informe también incluye amenazas contra otros actores políticos con distintos niveles de incidencia y origen.
- Abelardo de la Espriella: acumula 12 amenazas. Seis provienen de grupos al margen de la ley, cuatro surgieron de redes sociales, una fue reportada mediante llamada telefónica y otra hace referencia a un posible francotirador.
- Paloma Valencia: registra seis amenazas, distribuidas entre dos fuentes humanas, una información de inteligencia y tres reportes en redes sociales.
- Iván Cepeda: dos amenazas desde redes sociales.
- Carlos Eduardo Caicedo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Fernando Cuevas (fórmula de Santiago Botero) y Mila María Paz (fórmula de Gustavo Matamoros): registran una amenaza cada uno, con distintos orígenes.
En los reportes aparecen llamadas telefónicas, fuentes humanas, estructuras al margen de la ley y un caso identificado como “ramo de flores” contra el candidato Lizcano, una modalidad utilizada como mecanismo de intimidación.
Refuerzo de la seguridad
Detrás de cada alerta se activó una cadena institucional. Los datos del Comité de Recomendación de Medidas de Protección Presidencial indican que se asignaron 253 personas de protección, 381 policías y 92 vehículos blindados.
El Ejército ha ejecutado acompañamientos permanentes durante los desplazamientos de los aspirantes. Entre agosto de 2025 y abril pasado se realizaron 194 acompañamientos a precandidatos, con 5.336 efectivos militares. Desde marzo de 2026 hasta la fecha, se reportaron otros 116 acompañamientos a candidatos presidenciales con 3.922 uniformados.
Ciberseguridad en la estrategia
La ciberseguridad también ocupa un lugar importante en la estrategia de protección, ante posibles intentos de afectar campañas, manipular información o vulnerar sistemas digitales. Los reportes señalan la emisión de 21 alertas tempranas cibernéticas asociadas a distintos sectores y actores monitoreados.
Dentro del “Plan Democracia”, los organismos de seguridad adelantan actividades de recolección de información en canales de mensajería cifrada como Telegram y Discord, además de seguimiento a bases de datos filtradas, monitoreo de mercados negros digitales y rastreo de posibles indicadores de compromiso relacionados con ataques informáticos y sitios de phishing.
