El 16 de abril la Corte Suprema publicó un trino. No una rueda de prensa, no un comunicado solemne, un simple trino. En él anunciaba que la doctora Katherine Andrea Rolong Arias había sido nombrada magistrada de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. Primer nombramiento de la lista de elegibles de la Convocatoria 27. ¡Felicitaciones sinceras, doctora Rolong! Lo suyo es un triunfo monumental sobre la burocracia, la desidia institucional y el paso implacable del tiempo.
Pero hay que contar toda la historia, porque detrás de este nombramiento se esconde un calvario. Esa convocatoria nació en agosto de 2018. Debía durar un año, pero lleva casi ocho. En ese largo trayecto acumuló tutelas, demandas, anulaciones y una crónica de atropellos que resulta difícil de ordenar en la memoria. El primer examen fue anulado y hubo que repetirlo. El curso - concurso fue cuestionado, no por su nivel de exigencia, sino por la profunda opacidad con la que se evaluó a los participantes y, cuando por fin llegaron los resultados, cerca de la mitad de los aspirantes que habían aprobado, algunos hasta dos veces, quedaron por fuera; abogados de altísimas calidades, cuya permanencia habría engrandecido y honrado la función jurisdiccional en nuestro país.
Sin embargo, pensándolo bien, los descabezados terminaron salvándose de la agonía que aún se perpetúa, porque los sobrevivientes de semejante naufragio llevan años atrapados en un proceso que no pueden controlar ellos mismos y, al que la Corte Constitucional ordenó celeridad, pero nadie respondió a ese llamado. Por su parte, la Corte Suprema al menos cumplió con su deber constitucional de nombrar, el problema está es en la Administración de Carrera, donde siempre ha estado, en esa entidad que controla el cronograma, que no lo cumple y, que lo modifica a su antojo sin ofrecer explicación ni mostrar el menor rubor. Y como cereza del pastel, el Gobierno agregó una maratón que los aspirantes tampoco pueden correr por sí mismos. El Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 eliminó la prima especial de los congresistas a partir del 20 de julio, y como la remuneración de los magistrados tiene esa base de referencia, el efecto cascada fue inevitable, pues el Decreto 0297 del 25 de marzo protegió con un régimen de transición a quienes ya estén posesionados, pero a los que lleguen después, que harán exactamente lo mismo, con el mismo mérito, en el mismo cargo, ganarán sensiblemente menos. El cronómetro, una vez más, lo tienen en la mano quienes nunca han mostrado ningún afán de usarlo a favor de la justicia.
El esfuerzo de ocho años tiene, al final, un castigo en la meta. La magistrada Rolong es la excepción afortunada en este desastre. Los demás siguen esperando que la Administración de Carrera decida tomarse en serio lo que la Constitución ordena desde siempre, y es que la carrera judicial sea un mérito, no un martirio.
