Corte Suprema ordena cárcel para congresistas reelectos vinculados al escándalo de la UNGRD
La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes fueron reelectos para el próximo periodo legislativo en las elecciones del pasado 8 de marzo. La decisión judicial se produce en el marco de la investigación por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se investigan presuntos delitos de cohecho impropio.
Seis implicados en el proceso judicial
Además de Manzur y Manrique, el alto tribunal vinculó al proceso a otras cuatro personas: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán en libertad mientras avanza la investigación. Los seis acusados enfrentan cargos por el delito de cohecho impropio, específicamente por haber aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar operaciones de crédito que interesaban a esa cartera ministerial.
Reelección en medio del proceso judicial
Los dos congresistas que recibieron medida de aseguramiento lograron su reelección apenas días antes de la decisión judicial. Wadith Manzur pasó de la Cámara de Representantes al Senado de la República con más de 130.000 votos bajo el aval del Partido Conservador. Por su parte, Karen Manrique retuvo la curul de paz (Citrep) en el departamento de Arauca con 5.640 votos, manteniendo su posición legislativa.
¿Aplicaría la figura de "silla vacía" para las nuevas curules?
Según el análisis del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Pedro Felipe Gutiérrez, el escenario jurídico más probable apunta a que sí podría aplicarse la figura de la "silla vacía", incluso para el nuevo periodo legislativo para el que fueron elegidos. Esta interpretación se basa en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que considera que la restricción del artículo 134 de la Constitución se activa cuando un congresista incurre en delitos contra la administración pública, como el cohecho impropio investigado en este caso.
"Uno podría afirmar que quien incurre en esos tipos de delitos, así no haya asumido el cargo frente a la elección que se dio, cabe la silla vacía. Es el planteamiento actual de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales", explicó Gutiérrez durante su análisis del caso.
Posición crítica del exmagistrado
No obstante, el exmagistrado aclaró que personalmente no comparte esta interpretación, argumentando que la norma constitucional habla específicamente del reemplazo de un congresista, lo que implicaría que primero debe existir alguien ejerciendo efectivamente el cargo. "Si Manzur no ha asumido el cargo para ser senador, ¿por qué se restringe el reemplazo? Simplemente debería llamarse al que sigue en la lista", señaló Gutiérrez, planteando una perspectiva alternativa sobre el tratamiento jurídico del caso.
Destino de los votos obtenidos por los congresistas
El exmagistrado también aclaró un aspecto crucial de la situación: los votos obtenidos por ambos congresistas no se pierden a pesar de las medidas judiciales en su contra. Según la legislación electoral colombiana, una situación como esta no implica la pérdida de la votación obtenida, por lo que esos sufragios siguen contando para los partidos políticos en dos aspectos fundamentales:
- Para el cálculo del umbral electoral requerido
- Para los derechos de financiación de las campañas políticas
"La votación se sigue contando como si fuera para el partido. No se le asigna la curul, pero de todas maneras es contabilizada", precisó Gutiérrez. Esto significa que, aunque las curules podrían quedar vacantes temporal o permanentemente, los resultados electorales y los efectos financieros de la votación se mantienen intactos para las colectividades políticas involucradas.
Incertidumbre política y jurídica
El proceso judicial y la eventual suspensión de funciones legislativas marcan el inicio de un escenario de incertidumbre política y jurídica para los congresistas involucrados en el caso de la UNGRD. La situación plantea preguntas complejas sobre la intersección entre el sistema judicial y el sistema político-electoral colombiano, particularmente en casos donde procesos judiciales coinciden con periodos electorales.
La resolución final de este caso establecerá precedentes importantes para futuras situaciones similares, definiendo con mayor claridad los mecanismos de responsabilidad política frente a delitos contra la administración pública cometidos por miembros del Congreso de la República.
