En medio de un ambiente político marcado por la polarización y la campaña presidencial, el Congreso de la República aprobó en las últimas 24 horas tres proyectos de ley de alto impacto social y científico que ahora solo esperan la sanción presidencial para convertirse en ley de la República. Se trata de la Ley Niñas Sin Ablación, la Ley 55 Vidas y la Ley Nuclear, iniciativas que buscan proteger los derechos de las niñas, ampliar las oportunidades de trasplantes y abrir una nueva etapa para el desarrollo tecnológico y energético del país.
Ley Niñas Sin Ablación
La primera de las iniciativas aprobadas es la Ley Niñas Sin Ablación, que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia y establece una política pública para prevenir, atender y erradicar progresivamente esta práctica que aún persiste principalmente en algunas comunidades indígenas Emberá y afrodescendientes. La representante Jennifer Pedraza explicó que esta intervención consiste en cortes, quemaduras o modificaciones no médicamente justificadas de los genitales femeninos, especialmente del clítoris, y que sus principales víctimas son niñas entre cero y cinco años de edad.
A diferencia de otras propuestas, la ley no tiene un enfoque punitivo. Tras un trabajo conjunto con mujeres Emberá que durante años han liderado la lucha contra esta práctica dentro de sus territorios, la norma apuesta por la educación, el diálogo cultural y el acompañamiento institucional. Incluso fue redactada tanto en castellano como en lengua emberá. Además, crea una mesa de coordinación interjurisdiccional que evaluará los avances en la erradicación del fenómeno durante los próximos cinco años. Aunque en 2023 se registraron oficialmente 95 casos, los promotores de la ley advierten que existe un enorme subregistro y que las cifras conocidas apenas representan una pequeña parte de una problemática mucho más extensa.
Ley 55 Vidas
El segundo proyecto aprobado es la Ley 55 Vidas, una reforma que moderniza el sistema colombiano de donación y trasplante de órganos. Su nombre refleja uno de los datos más impactantes de la iniciativa: una sola persona donante puede salvar o mejorar la vida de hasta 55 personas mediante la donación de órganos y tejidos. Actualmente, más de 4.226 colombianos permanecen en lista de espera para recibir un trasplante, mientras cientos de pacientes fallecen antes de que llegue una oportunidad.
La nueva ley actualizará la normatividad vigente al reconocer la muerte por parada circulatoria como un criterio válido para la donación de órganos y tejidos, además de la muerte cerebral. La reforma también fortalece la coordinación entre hospitales, EPS e IPS, impulsa la formación especializada de coordinadores de donación, mejora los sistemas de información y promueve campañas permanentes de educación sobre la cultura de la donación.
Las cifras reflejan la urgencia de esta transformación. Colombia registra apenas 6,4 donantes por millón de habitantes, una tasa inferior a la de países como Argentina, Brasil, Uruguay y España. Solo entre 2016 y 2021, el número de pacientes en diálisis pasó de 26.525 a 34.896 personas. Además, en 2022, el 69 % de los trasplantes realizados en el país correspondieron a riñones, mientras cientos de pacientes han esperado hasta 14 años para recibir un órgano y más de 600 personas han aguardado hasta cinco años por un trasplante de córnea.
Ley Nuclear
El tercer proyecto aprobado es la denominada Ley Nuclear, una iniciativa que crea una agencia nacional encargada de regular y desarrollar el uso de la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos. La norma permitirá fortalecer áreas estratégicas como la salud, la investigación científica, la adaptación al cambio climático y la diversificación de la matriz energética del país. Según el investigador Camilo Prieto, uno de los impulsores de la propuesta, la ley abre la posibilidad de producir en Colombia insumos médicos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer mediante tecnología nuclear, además de impulsar soluciones científicas para enfrentar los retos climáticos. También contempla la posibilidad de incorporar una fuente energética de bajas emisiones y alta estabilidad al sistema nacional. El proyecto es el resultado de cuatro años de trabajo y concertación entre partidos políticos, organizaciones sociales, gremios, universidades e instituciones nacionales e internacionales.
La aprobación unánime de estas tres iniciativas fue destacada por sus autores como una señal de que aún existen causas capaces de unir al país más allá de las diferencias políticas. Ahora, las tres esperan la firma presidencial para convertirse oficialmente en ley y comenzar su implementación.
