Consulta sobre posesión de congresista detenido por escándalo UNGRD llega al Senado
La Corte Suprema de Justicia ha trasladado formalmente al Senado de la República una consulta ciudadana que cuestiona la posibilidad de que el representante Wadith Alberto Manzur Imbett, actualmente recluido con medida de aseguramiento privativa de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pueda tomar posesión de su curul como senador electo el próximo 20 de julio de 2026.
Petición ciudadana pone en duda ejercicio del mandato
El ciudadano Francisco Javier Araujo Morelos presentó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema un derecho de petición en el que planteó dos interrogantes fundamentales al alto tribunal:
- Si existe garantía de que Manzur Imbett pueda materializar el acto de posesión como senador el 20 de julio de 2026
- Si la medida de aseguramiento preventiva implica la imposibilidad absoluta de ejercer el mandato representativo derivado del voto popular
En su solicitud, Araujo Morelos argumentó que, aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas, "no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos", lo que sobrevendría, en su criterio, a la prohibición absoluta de posesionarse.
Respuesta judicial y traslado al Senado
La Sala respondió que no emitirá pronunciamiento directo sobre los puntos planteados por el peticionario, pero que, en consideración a que la solicitud contempla asuntos referidos a la posesión de congresistas electos para el nuevo periodo constitucional 2026-2030, decidió trasladar la petición al Senado para que sea esa corporación la que se pronuncie al respecto.
El magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos firmó el auto del 27 de marzo de 2026, mediante el cual se ordenó esa remisión formal. El oficio fue dirigido específicamente al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, quien deberá coordinar la respuesta institucional.
Contexto del caso y detención de Manzur
La Corte Suprema dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Manzur Imbett el 11 de marzo de 2026 al concluir que el senador electo presuntamente negoció sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Apenas ocho días después de la decisión judicial, el 19 de marzo, el senador conservador fue trasladado de manera definitiva al complejo adscrito a la Escuela de Carabineros, vinculado a La Picota, donde permanece recluido actualmente.
El entramado de corrupción en la UNGRD
El proceso que mantiene privado de la libertad a Manzur se enmarca en el complejo entramado de corrupción destapado alrededor de la UNGRD, que según las investigaciones le habría costado al erario público cerca de $92.000 millones, originados principalmente en sobrecostos de los carrotanques destinados para La Guajira.
La Corte Suprema concluyó, tras recaudar pruebas documentales y testimoniales sustanciales, que "en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos" ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar, con los que representantes del Ejecutivo habrían comprometido gravemente la función legislativa de los parlamentarios procesados.
Elección pese a la detención
Pese a la medida de aseguramiento vigente al momento de los comicios del 8 de marzo de 2026, Manzur logró obtener 134.914 votos, lo que lo posicionó como el séptimo candidato más votado del país y el tercero del Partido Conservador, con lo que obtuvo formalmente su curul en el Senado para el periodo constitucional 2026-2030.
El caso mantiene también privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalado por la Corte Suprema como autor intelectual de la red de corrupción, desde finales del año 2025. La consulta ahora en manos del Senado plantea un precedente significativo sobre el ejercicio de derechos políticos en condiciones de privación de libertad.
