Costo fiscal de leyes en Colombia alcanza récord histórico: $11,4 billones en 2024
Las decisiones legislativas del Congreso de Colombia se han convertido en un factor determinante de la presión sobre las finanzas públicas del país, con un costo fiscal que ha experimentado un aumento sostenido en los últimos años y que alcanzó un máximo histórico en 2024. Esta advertencia proviene del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que destaca cómo el impacto de estas normas trasciende lo político y afecta directamente el gasto del Estado.
Análisis detallado del impacto presupuestal
De acuerdo con el informe, en 2024 se sancionaron 98 leyes en el país, de las cuales solo 17 tuvieron un costo fiscal cuantificable. Sin embargo, este grupo representó un gasto conjunto de $11,4 billones, la cifra más elevada registrada en las últimas dos décadas. Lo más preocupante es que otras 32 leyes adicionales implicaban gastos, pero no fue posible estimar su impacto debido a la falta de información disponible.
Este comportamiento refleja una tendencia creciente en el costo fiscal de las leyes. Entre 2003 y 2010, el impacto promedio anual se situó alrededor de $2,8 billones. Posteriormente, se registraron picos significativos en años como 2011, cuando el costo alcanzó $9 billones, y en 2016, con $5,7 billones. Después de varios años de relativa estabilidad, el gasto asociado a nuevas normas volvió a escalar hasta alcanzar niveles récord.
Naturaleza permanente del gasto legislativo
El problema no se limita únicamente al volumen del gasto, sino a su naturaleza. Una parte importante de las leyes aprobadas genera compromisos de carácter permanente que se incorporan al presupuesto de forma estructural. Esto significa que el impacto no se restringe a un solo año, sino que se extiende en el tiempo, incrementando las rigideces del gasto público y reduciendo el margen de maniobra fiscal.
En Colombia, más del 85% del presupuesto nacional ya tiene un carácter inflexible, determinado por obligaciones como transferencias, pago de pensiones, servicio de la deuda y programas establecidos por ley. En este contexto, cada nueva norma que crea gasto permanente profundiza esa rigidez y condiciona la capacidad del Estado para ajustar sus finanzas en el futuro.
Debilidades en la evaluación técnica
"La legislación vigente exige que los proyectos de ley que ordenan gasto incluyan una estimación de su impacto fiscal y su consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este requisito busca asegurar que las decisiones legislativas sean compatibles con la capacidad financiera del Estado. Sin embargo, en la práctica, una proporción significativa de las leyes no cuenta con estimaciones precisas", indicaron los analistas.
Para estos expertos, el hecho de que 32 de las 98 leyes aprobadas en 2024 no tengan un costo fiscal claramente definido evidencia una debilidad en la capacidad técnica para evaluar el impacto presupuestal de las iniciativas legislativas. Esta situación limita la posibilidad de anticipar presiones sobre el gasto y dificulta la toma de decisiones informadas en materia fiscal.
Desafíos para la sostenibilidad fiscal
En el análisis del Observatorio Fiscal se advierte que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero sí plantea desafíos importantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas. En otros países, estas dificultades han sido abordadas mediante la creación de instituciones fiscales independientes encargadas de estimar el costo de las leyes y evaluar su impacto.
"Colombia cuenta con una herramienta de este tipo desde 2019, cuando se creó la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP). Esta entidad fue diseñada para apoyar al Congreso en el análisis del presupuesto y en la estimación del impacto fiscal de los proyectos de ley. Sin embargo, hasta ahora no ha sido puesta en funcionamiento", acotaron.
El papel crucial del nuevo Congreso
Más allá de la coyuntura, el nuevo Congreso que se instalará en julio tendrá un papel determinante en este frente, ya que no solo deberá aprobar el presupuesto y discutir reformas económicas, sino también asumir el reto de mejorar la calidad del análisis fiscal de las leyes que tramita, en un contexto de recursos limitados y crecientes compromisos de gasto.
En este escenario, fortalecer la capacidad técnica del Legislativo se convierte en una condición necesaria para garantizar una gestión fiscal más sostenible; teniendo presente que el costo creciente de las leyes no es un fenómeno aislado, sino una señal de que las decisiones legislativas tienen efectos concretos sobre las finanzas públicas y sobre el futuro económico del país.
