Denuncia pública sacude al Congreso colombiano
Una grave acusación ha puesto en el centro de la controversia a la senadora Berenice Bedoya Pérez, miembro del partido ASI. Sergio Mesa, quien fungió como exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista, realizó una denuncia pública a través de la red social X, donde reveló presuntas irregularidades financieras que involucran directamente a la parlamentaria.
Testimonio detallado del excolaborador
Según el relato de Mesa, durante su periodo de asesoría entre marzo y diciembre de 2024, y posteriormente entre enero y diciembre de 2025, se vio obligado a destinar parte de su salario a familiares de la senadora. "En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios. Esa es la razón por la cual no seguí como asesor del Senado de la República", explicó el denunciante en sus publicaciones.
El exasesor amplió posteriormente su testimonio, detallando que inicialmente debía pagar 4 millones de pesos mensuales al entonces yerno de Bedoya, Sebastián Arboleda. Posteriormente, cuando la senadora decidió apartar a su exyerno, la presión se trasladó hacia su hija Valeria Bedoya, a quien Mesa debía entregar 2,5 millones de pesos mensuales.
Reacciones políticas inmediatas
La publicación de estas acusaciones generó una rápida respuesta desde diversos sectores políticos y de control ciudadano:
- Red de Veedurías Ciudadanas anunció que presentará una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que se trataría de "exigir coimas o mordidas de sus asesores UTL".
- Gustavo Bolívar, exsenador y figura política, solicitó formalmente a la Corte Suprema, la Fiscalía General y la Procuraduría General que inicien una investigación por los presuntos delitos de concusión, cohecho y extorsión.
- Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde -partido que mantiene coalición con ASI- calificó las acusaciones como "gravísimas" y sugirió evaluar la expulsión de Bedoya de la coalición senatorial.
Marco legal vulnerado
La situación pone en evidencia posibles violaciones a la Ley 4ª de 1992, que establece claramente los parámetros para la contratación de asesores legislativos. Esta normativa permite a senadores y representantes destinar hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la contratación de un máximo de diez asesores o asistentes en sus UTL.
El caso ha reavivado el debate sobre las llamadas "nóminas paralelas" y los "asistentes fantasma" dentro del Congreso, prácticas que diversos sectores han denunciado recurrentemente pero que rara vez llegan a ser judicializadas efectivamente.
Silencio de la acusada
Hasta el momento de cerrar esta información, la senadora Berenice Bedoya no se ha pronunciado públicamente sobre las graves acusaciones en su contra. Tampoco ha respondido a los múltiples llamados de políticos, veedurías ciudadanas y medios de comunicación que buscan conocer su versión sobre los hechos denunciados.
El caso se suma a una serie de escándalos que han afectado la imagen del legislativo colombiano en los últimos años, poniendo nuevamente en tela de juicio los mecanismos de control y transparencia dentro de las unidades de trabajo parlamentario.
