Gobierno declara emergencia económica para recaudar billonaria suma tras inundaciones
Analistas políticos han manifestado fuertes críticas frente a los reiterados intentos del Gobierno Nacional de declarar "emergencias económicas" con el objetivo de justificar la imposición de nuevos tributos, varios de los cuales habían sido previamente rechazados por el Congreso de la República. En principio, se supone que en Colombia, al igual que en la gran mayoría de las democracias, únicamente el poder Legislativo tiene la facultad constitucional para establecer impuestos.
Autoritarismo fiscal y castigo a actividades económicas
Para resaltar su carácter autoritario, con estas imposiciones el Gobierno pretende castigar determinadas actividades económicas, hasta el punto de volverlas inviables financieramente. Para rematar, se exige que estas onerosas contribuciones sean canceladas de manera inmediata por los contribuyentes, generando mayor presión fiscal.
Falta de transparencia en la justificación de $8,6 billones
Por otra parte, dada la magnitud astronómica de la cifra buscada, que asciende a $8,6 billones de pesos, se habría esperado una detallada discriminación de las necesidades y sus valores específicos. Sin embargo, el Gobierno ha presentado tan solo información general y escueta sobre los daños ocasionados por las inundaciones en los departamentos de Córdoba, Sucre y la región oriental de Urabá.
Según los reportes oficiales, alrededor de 70.000 familias (aproximadamente 250.000 personas) habrían perdido sus enseres domésticos, junto con 1.200 cabezas de ganado y 140 mil hectáreas de cultivos agrícolas. A esta situación se agregarían 9 mil viviendas completamente destruidas por las aguas.
Infraestructura vial gravemente afectada
Con respecto a la infraestructura de transporte, se habrían colapsado cuatro puentes de gran envergadura:
- Dos en el corredor Necoclí-Arboletes (puentes San Juan y Mulatos)
- Uno en la ruta Lorica-Chinú (puente Chimá)
- Otro en la vía Montería-Arboletes (puente Jalisco)
Además, se sumarían 21 puentes vehiculares menores con daños considerables y ocho estructuras de box culvert afectadas. Las autoridades también mencionan otros 85 puentes "comprometidos" estructuralmente y aproximadamente 1.900 kilómetros de vías terrestres deterioradas, la mayoría de ellas sin pavimentación asfáltica.
Cálculos estimados de compensación y reconstrucción
A manera de ejemplo ilustrativo, si se fuese a compensar económicamente cada cabeza de ganado perdida con $8 millones y cada hectárea de cultivo arrasada con $5 millones, se emplearían $9.600 millones y $700.000 millones, respectivamente. Si las viviendas destruidas se pagasen a $100 millones por unidad, estaríamos hablando de $900.000 millones en este rubro específico.
Si a cada familia afectada, aunque ya le hayan compensado el ganado, los cultivos y la casa, se le otorgasen adicionalmente $10 millones para gastos inmediatos, se requerirían otros $700.000 millones. De implementarse este esquema, una familia que hubiese perdido su vivienda, 10 hectáreas de tierra cultivable y 10 cabezas de ganado recibiría aproximadamente $240 millones en total. Hasta este punto, la suma acumulada alcanzaría los $2,31 billones de pesos.
Costos de reconstrucción de infraestructura
Los cuatro puentes grandes de importancia regional pueden tener un costo de reconstrucción de alrededor de $40.000 millones cada uno, para un total estimado de $160.000 millones. Aunque, por ejemplo, el puente Jalisco tal vez pueda repararse con solo $5 mil millones según evaluaciones técnicas preliminares.
Los otros 21 puentes menores podrían significar $10.000 millones cada uno en reparaciones, es decir, $210 mil millones en conjunto. Recuperar los 85 puentes "comprometidos", a un promedio de $3.000 millones por estructura, costaría aproximadamente $255.000 millones adicionales.
Finalmente, a cada kilómetro de vía dañada (todas no asfaltadas) se le podría destinar $200 millones para su recuperación integral, con un gasto total proyectado de $380.000 millones. En resumen, la reconstrucción de infraestructura vial requeriría alrededor de $1 billón de pesos, considerando que el Instituto Nacional de Vías (Invías) durante todo el año 2025 ejecutó menos de $3 billones en obras a nivel nacional.
Discrepancia entre necesidades reales y solicitud gubernamental
Como se evidencia en estos cálculos, utilizando algunos números imprecisos y hasta exagerados, y con pagos muy generosos a los afectados, se podrían necesitar hasta $3,3 billones para paliar las consecuencias más urgentes del desastre natural. No obstante, el Gobierno Nacional solicitó formalmente $8,6 billones y posteriormente definió que solo $6,3 billones irían directamente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mientras que el resto se destinaría a gastos de funcionamiento administrativo.
Hasta el momento, el Ejecutivo ha destinado a 6.000 familias afectadas $500.000 a cada una, sumando $3.000 millones en total en ayudas inmediatas. La falta de una mínima explicación detallada sobre los valores específicos y de algún plan de ejecución transparente suma incompetencia técnica al autoritarismo fiscal detrás de estos nuevos gravámenes propuestos.
