Es un hecho. A pesar de las alertas de la Contraloría General de la República, el gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0415 de 2026, mediante el cual ordenó y reglamentó el traslado de 25 billones de pesos de los recursos de los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones. Se trata del dinero de los afiliados que decidieron cambiarse de régimen, bajo la oportunidad establecida en la última reforma pensional de 2024.
Detalles del decreto y la reforma pensional
La norma, la Ley 2381 de 2024, la cual incluso está bajo revisión de la Corte Constitucional, establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir la totalidad de los ahorros individuales, lo que incluye los rendimientos financieros, de los afiliados que se trasladaron al Régimen de Prima Media en la ventana de oportunidad que estableció la reforma.
El novedoso decreto fija tiempos concretos para el giro de los recursos. En el caso de afiliados que aún no se han pensionado, los fondos privados de pensiones deberán trasladar el 50 por ciento de los ahorros en un máximo de 20 días, y el restante 50 por ciento en los 10 días siguientes.
Alertas de la Contraloría desatendidas
La Contraloría General de la República, el 24 de marzo pasado, había lanzado una advertencia frente a este proyecto del Gobierno, precisando que el dinero corresponde a recursos del ahorro pensional invertidos en el exterior. El organismo de control alzó la voz para señalar que la propuesta presenta riesgos jurídicos, fiscales y operativos que podrían afectar el sistema pensional.
La Contraloría advirtió que, en este proceso, están comprometidos cerca de 24,7 billones de pesos correspondientes a más de 119.000 afiliados que se trasladaron de régimen, la mayoría de los cuales aún no cumplen los requisitos para pensionarse.
Según el ente de control, el traslado anticipado de estos dineros podría contradecir la normativa vigente, es decir, la misma reforma pensional, que establece que los recursos de las cuentas individuales deben permanecer administrados por los fondos privados hasta que se consolide el derecho a la pensión.
Riesgos jurídicos y fiscales
De acuerdo con el concepto técnico de la Contraloría, solo alrededor de 18.500 personas que hicieron uso de ese traslado ya consolidaron su derecho pensional, mientras que el resto continúa en etapa de acumulación de ahorro, lo que limita jurídicamente la posibilidad de mover esos recursos en el corto plazo.
Además, la Contraloría advirtió que obligar a los fondos privados a trasladar los recursos en tiempos reducidos podría afectar la rentabilidad de los ahorros dispuestos en el exterior, ya que implicaría liquidar inversiones de largo plazo en condiciones poco favorables para los afiliados.
Entre las alertas más delicadas está que, según la Contraloría, convertir esos ahorros en recursos disponibles para el pago inmediato de mesadas podría implicar que el ahorro de largo plazo termine utilizándose como “gasto corriente”, lo que aumentaría el pasivo pensional del Estado.
Falta de mecanismos institucionales
En su análisis técnico, la entidad señaló además que actualmente no existe un mecanismo institucional plenamente habilitado para recibir esos recursos, debido a que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, gestionado por el Banco de la República, aún no entra en funcionamiento, como lo exige la misma reforma pensional de esta administración nacional.
La Contraloría, en su momento, concluyó que el traslado masivo de recursos en las condiciones actuales resulta inviable tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal, incluso inconstitucional, lo que abre un nuevo frente de debate sobre el alcance de la reforma pensional y la sostenibilidad del sistema de jubilación en el país bajo la óptica del gobierno Petro.
