La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes emitió el Auto de Sustanciación No. 01 dentro del expediente procesal número 7282, ordenando la apertura de una indagación previa contra el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. La justicia parlamentaria busca determinar si el mandatario incurrió en el delito de “financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”, conducta tipificada en el artículo 396A del Código Penal colombiano.
Nuevo expediente contra Petro por supuestos vínculos financieros con alias “Pipe Tuluá”
La célula legislativa, bajo la conducción de la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral, asumió formalmente el conocimiento del caso tras acumular denuncias radicadas de oficio y por la Red de Veedurías de Colombia. El origen de la controversia se remonta a las declaraciones telefónicas de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, extraditado cabecilla de la banda delincuencial ‘La Inmaculada’.
“Mucho dinero”: la supuesta ruta hacia la campaña de 2022
De acuerdo con las piezas procesales, los audios que desataron la indagación exponen al jefe criminal afirmando “haber entregado sumas de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano Juan Fernando Petro”. En las interceptaciones, Marín Silva alega poseer soportes físicos que validan sus encuentros y transacciones secretas, advirtiendo que contaría con “supuestas pruebas de los dineros entregados como videos, audios y soportes de consignaciones”.
El auto revela que el dinero de origen ilícito no solo habría permeado la contienda por la Casa de Nariño en 2022. La Comisión de Acusación consignó que “se indica que alias ‘Pipe Tuluá’ también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos”.
Cooperación en EE. UU. y la búsqueda de testimonios bajo juramento
Dado que ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado y permanece en una prisión federal estadounidense, la representante Gloria Arizabaleta determinó que su comparecencia formal es el pilar metodológico del proceso. El tribunal legislativo activará canales diplomáticos e internacionales de asistencia mutua, fundamentando que “su ubicación actual resulta indispensable para que la Comisión pueda promover, a través de los canales diplomáticos y judiciales correspondientes, la recepción de su declaración jurada o testimonio”.
En dicho procedimiento, las autoridades colombianas le exigirán al procesado responder a un cuestionario estricto, ordenando que “precise si reconoce como suya la voz contenida en el audio divulgado, si ratifica o no las afirmaciones allí contenidas, cuánto dinero afirma haber entregado y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar por medio del cual hizo los presuntos pagos”.
La Cámara de Representantes emitió una orden oficial dirigida al Agregado Judicial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Kristopher Jarvis, solicitando que las agencias federales “remitan las pruebas con que cuenten las autoridades de Estados Unidos respecto del señor Andrés Felipe Marín Silva alias ‘Pipe Tuluá’ y la presunta financiación a la campaña presidencial”.
Finalmente, para que el material de audio cuente con plena validez judicial, el despacho decretó la práctica inmediata de un peritaje técnico forense a cargo de expertos del CTI o la DIJIN. Dicho análisis examinará si la grabación presenta “modificaciones, manipulaciones, recortes, etc.”, y efectuará un riguroso cotejo acústico, bajo la premisa de que “sin esta verificación técnica, el audio no puede ser valorado con suficiencia para adoptar futuras decisiones”.
