Exdirector del Dane queda varado en medio del paro y analiza la crisis tributaria
El economista Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se encuentra atrapado en el municipio de Tona, Santander, debido a los múltiples bloqueos de vías que caracterizan el paro nacional contra el catastro multipropósito. Esta protesta social ha registrado al menos 42 bloqueos activos en departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, paralizando importantes corredores de transporte.
Diagnóstico desde la carretera: crítica al artículo 49 del Plan de Desarrollo
Desde su posición de confinamiento vial, con cuatro horas de trayecto pendiente y tres cierres adicionales en Berlín, La Laguna y Pamplona, Oviedo dirigió un llamado urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Su análisis se centra específicamente en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, disposición que autorizó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a actualizar los valores catastrales de predios rurales mediante una fórmula matemática, sin necesidad de realizar inspecciones físicas en los terrenos.
Según el candidato vicepresidencial, esta metodología ha generado una escalada tributaria sin sustento real en la capacidad productiva del campo colombiano. "Los avalúos incluso incrementaron su valor en el 2.500.000%", afirmó Oviedo, destacando la desproporción entre los nuevos valores catastrales y la realidad económica de los propietarios rurales.
El problema no es el impuesto, sino su cálculo
Oviedo precisó que la controversia no radica en el impuesto predial en sí mismo, sino en la metodología empleada para su determinación. "Los campesinos quieren pagar impuestos, pero estos deben estar basados en la evidencia y en la productividad de su tierra", sostuvo el economista. Desde su perspectiva, la fórmula aplicada por el IGAC omitió variables fundamentales como:
- El tipo de cultivo presente en cada predio
- La capacidad generadora de ingreso real de la tierra
- La carga tributaria que puede soportar el productor sin comprometer su viabilidad económica
El exdirector del Dane calificó la situación como resultado de "la improvisación del Gobierno Petro y su ley del plan de desarrollo", señalando que los bloqueos viales representan la consecuencia directa de una política fiscal que no consultó adecuadamente la realidad territorial. No obstante, cuestionó el cierre de vías públicas como "mecanismo de chantaje y extorsión" frente a decisiones que, en su criterio, debieron corregirse antes de generar esta crisis en las carreteras nacionales.
Impacto económico de los bloqueos prolongados
La prolongación de las protestas, que en puntos estratégicos como La Curva de Los Adioses en Pamplona y La Laguna en Mutiscua superan las 48 horas continuas, añade una dimensión económica preocupante al conflicto. Oviedo advirtió que la interrupción sostenida del transporte de carga en corredores estratégicos del nororiente colombiano podría traducirse en incrementos significativos en los precios de alimentos, en un país que, según sus palabras, "vio la inflación crecer" durante la actual administración gubernamental.
Respuesta del presidente Petro en redes sociales
Desde su cuenta oficial en X, el mandatario Gustavo Petro respondió a las críticas señalando que el avalúo catastral no se modificaba desde hace 20 años, situación que permitía que "grandes hacendados improductivos no pagaran impuestos como los jefes políticos" que ahora critican la reforma. El presidente explicó que la tasa del impuesto predial la fijan los concejos municipales, no el Gobierno nacional, y son los alcaldes quienes deben aplicar tarifas diferenciadas: más elevadas para haciendas no productivas y lotes de engorde, y más bajas para campesinos, pequeños productores y propietarios de estratos 1, 2 y 3.
En esa misma publicación, Petro acusó a los opositores de la reforma de actuar en favor de terratenientes y dueños de lotes de engorde, utilizando a pequeños propietarios "engañándolos con decir que es el Gobierno nacional el que pone los impuestos". Esta confrontación evidencia la profunda polarización alrededor de la política fiscal rural y sus implicaciones sociales y económicas para el campo colombiano.
