Petro busca mayoría en el Congreso: análisis de las posibilidades del Pacto Histórico
Petro busca mayoría en el Congreso: análisis del Pacto Histórico

La obsesión presidencial por el control del Congreso

El presidente Gustavo Petro y el pleno del Pacto Histórico han mantenido una insistencia constante en la necesidad de "tomarse" el Congreso de la República. Su objetivo declarado es alcanzar mayorías holgadas que permitan impulsar las reformas urgentes que, según su discurso, el "establecimiento" tradicional ha bloqueado sistemáticamente. Petro ha llegado a insinuar en múltiples ocasiones que su elección presidencial constituye un mandato suficiente para dar órdenes directas al poder legislativo.

Existe la percepción de que alguien en su círculo cercano le hizo creer que la silla de la Casa de Nariño sumaba automáticamente diez curules de respaldo. La frustración acumulada por las derrotas legislativas ha llevado al mandatario a radicalizar su retórica, mencionando conceptos como "golpe blando" y "constituyente" en sus intervenciones públicas.

La añoranza senatorial y el fetichismo legal

El presidente Petro, quien ocupó una curul en el Senado durante más de una década, parece experimentar cierta añoranza por su etapa legislativa. Su enfoque santanderista del derecho lo ha llevado a sobrevalorar la sanción presidencial como el principal logro posible del poder ejecutivo. Los triunfos políticos dentro del hemiciclo lo embelesan particularmente, como quedó demostrado durante el pulso por la reforma a la salud, donde ganar en plenaria pareció importar más que las consecuencias prácticas en los hospitales del país.

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Esta afición por los simbolismos se manifiesta en su satisfacción por lograr leyes "progresistas", aunque su impacto real sea limitado. Para el mandatario, una norma aprobada parece valer por sí misma, así sea solo para enmarcar como trofeo político.

La oposición y la percepción ciudadana del Congreso

Desde la otra orilla política, la oposición ha defendido que el Congreso ha funcionado como una barrera efectiva contra reformas consideradas dudosas, ha contenido arrebatos autocráticos y ha mantenido el equilibrio en Cortes y órganos de control. Las encuestas de favorabilidad continúan ubicando al poder legislativo en posiciones muy bajas entre las instituciones colombianas, aunque ha logrado alcanzar un 29% durante el actual cuatrienio.

Esta cifra representa un repunte notable, pues no se observaba desde los últimos meses del primer gobierno de Juan Manuel Santos. En contraste, durante la época de la reelección presidencial en tiempos de Álvaro Uribe, el Congreso llegó a disfrutar de una favorabilidad del 54%. La participación electoral en comicios legislativos ha crecido en las dos últimas convocatorias, lo que podría indicar mayor conciencia ciudadana sobre su importancia, una mayor eficiencia del clientelismo, o una combinación de ambos factores.

Los límites del crecimiento electoral

Sin embargo, no parece fácil mantener esta tendencia alcista. El promedio de participación pasó del 42% en 2002 al 48% en 2022, mostrando una curva ascendente pero con evidentes límites estructurales. El gobierno actual encuentra su principal fortín electoral en Bogotá, lo que representa simultáneamente su gran reto estratégico, considerando que su candidato a la alcaldía capitalina quedó en tercer lugar en las últimas elecciones locales.

Mantener una votación del 30% del total al Congreso, sin la figura de Petro liderando personalmente las consultas, genera incertidumbre en el oficialismo. La consulta del Pacto Histórico obtuvo casi 1.200.000 votos hace cuatro años, pero en la próxima contienda no contará con el arrastre de Petro y Francia Márquez, cuya imagen conjunta generó un importante jalón en 2022. La vicepresidenta obtuvo 230.000 votos en la capital durante aquella consulta interna.

Desafíos regionales y el peso del clientelismo

En la Costa Atlántica, región donde Petro barrió en primera y segunda vuelta presidencial, la situación se complica significativamente para las elecciones legislativas. El clientelismo tradicional ejerce allí todo su peso, siendo esta la única zona del país donde más personas votan en comicios legislativos que en presidenciales. Las microempresas electorales operan con eficiencia para defender intereses particulares.

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En todos los departamentos costeños, los partidos tradicionales se impusieron como ganadores. En el Atlántico, por ejemplo, mientras Petro obtuvo el 54% en primera vuelta presidencial, el Pacto Histórico apenas alcanzó el 11% en las elecciones para Senado. Esta brecha ilustra la desconexión entre el voto personalista y el voto por listas partidistas.

El panorama en Antioquia y el Valle del Cauca

En Antioquia, el gran fortín uribista, Petro logró resultados sorprendentes hace cuatro años. El 25% de los votantes de consulta marcaron el tarjetón del Pacto Histórico, mientras que Francia Márquez superó a Sergio Fajardo en Medellín. La consulta del Pacto obtuvo 160.000 votos más que la consulta del Centro Esperanza, y sus listas alcanzaron el 8% de los votos al Congreso, doblando a La U y Cambio Radical.

En el Valle del Cauca, las listas progresistas ganaron claramente con el 23%, lo que podría representar su techo electoral considerando la clientela fija de La U y la dispersión entre las demás opciones políticas. No se visualizan muchas posibilidades de crecimiento adicional en esta región.

Estrategias y posibilidades futuras

Queda por ver si el discurso presidencial a favor de un Congreso con mayorías oficialistas, sumado a su reciente repunte en popularidad, puede traducirse en nuevas curules. Un aumento en la participación electoral en zonas rurales podría convertirse en la carta estratégica del Pacto Histórico. También podrá demostrar si supo incorporar estructuras clientelares con la ayuda de figuras como Roy Barreras y fichas de partidos tradicionales que han acompañado al gobierno.

La nómina política del oficialismo tiene que demostrar su eficacia en la próxima contienda. Se observará atentamente si al presidente Petro se le cumple el sueño de dirigir el Congreso desde la silla de expresidente, siguiendo el modelo que implementó Álvaro Uribe inmediatamente después de dejar la presidencia en 2010.