El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió desde Nueva York a la Corte Suprema de Justicia que investigue a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, por haber solicitado su suspensión ante la Comisión de Acusaciones. La congresista presentó una petición formal para separar al mandatario de su cargo, lo que generó una fuerte reacción del jefe de Estado.
Las acusaciones de Petro contra Arizabaleta
Durante una rueda de prensa, Petro señaló que Arizabaleta es cercana a Hollman Ibáñez, antiguo socio del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. "La comisión de acusaciones, hasta donde sé, no ha pedido mi suspensión. Es una congresista cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical", afirmó el presidente. Además, calificó la solicitud como una "extorsión" y aseguró que la representante habría presionado a varios ministros para obtener beneficios.
El proceso de suspensión según Petro
El mandatario explicó que la suspensión de un presidente no es competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones, sino que requiere la aprobación del Senado, ya que el Congreso colombiano es bicameral. "En mi opinión y la de otras personas, la Comisión de Acusaciones no es quien suspende al presidente, porque el Congreso de Colombia es bicameral; tiene que ser el Senado. Entonces la pretensión es simplemente una pretensión que tendría que surtir el efecto", dijo Petro.
Asimismo, el presidente aseguró que la petición de Arizabaleta violaría la ley colombiana, pues implicaría un proceso en la Corte Suprema de Justicia. "Creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión; ya no está en su derecho de representación, sino como criminal. Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hacen parte del partido que fundé, pero que tienen que ver con quién está en un partido rival hoy ante un asesor Ibáñez. Porque no he hecho intervención en política", concluyó.
El presidente también solicitó a los jefes de cartera que declaren ante el alto tribunal sobre las presuntas presiones de la congresista. La controversia se suma a las tensiones políticas en Colombia, donde el gobierno de Petro enfrenta múltiples desafíos legislativos y judiciales.
