La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, una decisión que ha desatado una fuerte controversia política y una ola de reacciones desde distintos sectores del Gobierno y el Congreso.
Reacciones críticas de congresistas
Uno de los pronunciamientos más críticos fue el del representante a la Cámara Óscar Villamizar, integrante de esa misma comisión, quien aseguró que la medida carece de sustento jurídico y responde a intereses políticos en medio de la recta final de la campaña presidencial.
En entrevista con Blu Radio, Villamizar afirmó que la actuación de Arizabaleta no tiene la capacidad legal de apartar al jefe de Estado de sus funciones y que, por el contrario, busca generar un efecto político favorable para un sector determinado.
“Yo creo que esto es un mandado bien hecho, o más bien un mandado mal hecho, a una campaña en específico para generar solidaridad”, señaló el congresista, quien relacionó la decisión con la coyuntura electoral que vive el país.
Falta de facultades constitucionales
Según explicó, la Comisión de Acusación tiene funciones de investigación y acusación, pero no cuenta con la facultad constitucional para suspender al presidente de la República. En ese sentido, recordó que el artículo 194 de la Constitución establece que una eventual suspensión solo puede ser decretada por el Senado.
“Únicamente lo puede hacer el Senado de la República. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solo se dedica a investigar y acusar. Las decisiones que se tomen frente a los investigados las toma el Senado”, indicó.
Para Villamizar, el hecho de que se haya emitido una decisión que, a su juicio, no tiene viabilidad jurídica, demuestra que existe un interés político detrás de la actuación de la presidenta de la comisión. “No solo no se puede hacer, sino que hay que pensar por qué lo están haciendo si sabemos todos que no lo pueden hacer. Por supuesto, esto tiene un trasfondo político”, agregó.
Falta de notificación a los miembros
El representante también cuestionó que los integrantes de la comisión no hubieran sido informados previamente sobre la expedición del auto. Incluso aseguró que conoció la decisión a través de los medios de comunicación.
“Fuimos notificados por ustedes, por los medios de comunicación. A nosotros nunca nos hicieron parte de esta decisión”, afirmó.
Apoyo al Gobierno y rechazo a la medida
Las declaraciones de Villamizar se suman a las de varios funcionarios y figuras cercanas al Gobierno que rechazaron la medida. Entre ellos, el exembajador Roy Barreras, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y la ministra de Agricultura, quienes coincidieron en señalar que la Comisión de Acusación no tiene competencia para ordenar la suspensión del presidente.
Mientras continúa el debate jurídico y político sobre el alcance de la decisión adoptada por Arizabaleta, el caso ha intensificado la confrontación entre sectores afines y críticos del Gobierno, a pocos días de una nueva cita electoral en el país.
