Los hechos están ahí y son evidentes. A los más de once millones de colombianos que votaron por Gustavo Petro en 2022 seguramente no se les cruzó por la mente que cuatro años después fueran a ser tantos y de tal calado los escándalos en el Gobierno y en el entorno del mandatario.
A falta de poco más de tres meses para el final del cuatrienio, el ruido, antes de atenuarse, aumenta. Las escandalosas revelaciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez —y ahora directora del Fondo de Adaptación— esta semana constituyeron el más reciente episodio de una saga marcada por personas sin mayor trayectoria ni estudios adecuados que súbitamente pasan a ocupar cargos de primer nivel, señalamientos gravísimos que quedan en el aire, testimonios que rayan con lo escalofriante sobre el ambiente que se vive en la Casa de Nariño.
Son también recurrentes las alusiones a la codicia y al afán de acumular poder a toda costa. Todo lo contrario de lo que la gente espera de un equipo de gobierno que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de más de cincuenta millones de personas. El oficio de gobernar no puede degradarse a una incesante confrontación entre bandos en un marco de opacas intrigas, rivalidad permanente y desmedidas recompensas a la lealtad.
Las acusaciones de Angie Rodríguez
En esta ocasión, Rodríguez, cuya vivienda había sido ya objeto, a finales del año pasado, de una misteriosa irrupción lejos todavía de aclararse, apuntó a una supuesta conspiración en su contra que incluiría espionaje y amenazas. Acusó al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien negó los señalamientos y ripostó acusándola por presunta corrupción en la contratación de la entidad que ahora dirige. Blanco de las declaraciones de Rodríguez fue también la joven Juliana Guerrero, de quien asegura que ostenta un poder considerable que trasciende la Casa de Nariño, pese a estar afrontando un proceso penal imputada por presuntamente haber presentado un diploma universitario falso.
Según esto, el poder de Guerrero toca a varias entidades donde estaría interfiriendo en nombramientos, acudiendo a constreñimientos basados en una supuesta cercanía nada menos que con el Ejército de Liberación Nacional. Todo muy espeso, nada digno de los salones del palacio presidencial.
Un historial de disputas internas
El desarrollo de este escándalo recuerda una larga antología de disputas parecidas. Un rápido recuento incluye la durísima pelea entre la antecesora de Rodríguez, Laura Sarabia, y el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, así como las de este último y Augusto Rodríguez, director de la UNP. También el fuerte roce entre Benedetti y el fugaz ministro de Justicia Eduardo Montealegre. No se puede olvidar tampoco la manera como salió del Gobierno el excanciller Álvaro Leyva Durán, entre muchos otros.
Y frente a ellos, la respuesta del Presidente ha sido casi siempre desconcertante. La situación ha llegado al extremo de lo inverosímil, porque pareciera que el propio mandatario permitiera que tales tensiones se alimenten y afloren sin recato alguno, y quizás incluso al contrario, con afán de exhibición, pues varios de estos choques los ha visto el país en vivo y en directo en el marco de los consejos de ministros. Mientras tanto, entidades con facultades y herramientas para contrarrestar este ambiente operan cada vez más en función de sus cálculos, temores y paranoias, como parece ser el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La respuesta del Presidente ha sido casi siempre desconcertante. El país necesita conocer qué hay detrás de las decenas de acusaciones mutuas y que los encargados de hacer justicia actúen.
Lo que hemos visto es un espectáculo lamentable que perjudica la majestad del Estado y envía un mal mensaje a la nación. En el fondo, un choque de intereses. Es necesario ir más allá de la lectura en clave de melodrama y de la que proponen todos los protagonistas que, sin excepción, se deslindan de cualquier culpa argumentando un “montaje en mi contra”, para decir con toda claridad, contundencia y preocupación que el país tiene el derecho de conocer la verdad detrás de las decenas de acusaciones mutuas, que apuntan a posibles conductas no solo proscritas por el Código Penal, la moral y ética, sino en las antípodas de lo que los electores esperaban del gobierno que se hizo elegir con el discurso del cambio.
Se echa de menos la voz más firme y clarificadora del primer mandatario. Y, de otro lado, más que justificaciones más bien cínicas con las que se pretende rápidamente pasar la página de cada escándalo, lo que aquí procede es que las autoridades, entes de control, jueces y magistrados actúen para saber si los delitos que se mencionan ocurrieron. Y si es así, hacer que sus responsables rindan cuentas. No es posible, para perjuicio directo de la gente y de los más necesitados, que una nación gobernada así supere sus desafíos y aumente el bienestar de su población.
