El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le recordó al Presidente de la República el deber de procurar la colaboración armónica con los demás órganos del Estado y el respeto por la independencia de la Organización Electoral. Le ordenó rectificar sus afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude en las elecciones legislativas de 2014, 2022 y 2026, y abstenerse de emitir afirmaciones iguales o similares respecto de la primera y segunda vuelta presidencial.
En resumen, el Presidente no puede cuestionar la confiabilidad de la Organización Electoral, ni del sistema electoral, sin evidencia sólida y razonable. La decisión se produjo en el marco de una acción popular en la que se busca la protección de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica, la transparencia del proceso electoral y la confianza legítima en las instituciones democráticas.
El Presidente insiste en que la Registraduría no entrega el código fuente del software electoral; que el Consejo de Estado en 2018 demostró que ese software era vulnerable y ordenó que se comprara uno de propiedad exclusiva del Estado. El punto es que el Tribunal de Cundinamarca analizó al detalle la sentencia que el Consejo de Estado profirió en 2018, en la que el Presidente apuntala sus críticas, y abatió, uno a uno, sus argumentos. Las conclusiones a las que llegó son categóricas. El Consejo de Estado nunca afirmó que el software de los escrutinios hubiera sido afectado por deficiencias de seguridad o presentara vulnerabilidades de ese tipo que hubieran generado fraude en los resultados. Hubo errores, sí; pero el sistema electoral los detectó y le permitió al Consejo de Estado corregirlos.
Tampoco es cierto que hubiera ordenado adquirir un software de escrutinios. Lo sugirió vía exhorto, pero no conminó a hacerlo. Son cosas muy distintas. Incluso la sentencia fue objeto de aclaración y dejó sentado que no se trató de una orden compulsiva.
Sobre las elecciones de 2022, el Tribunal de Cundinamarca concluyó que hubo deficiencias en la transmisión de datos del preconteo por falta de claridad en el formulario E-14, pero el sistema electoral respondió adecuadamente y permitió corregirlas en el escrutinio.
Y respecto de la jornada electoral de marzo de 2026, quedó establecido que hubo acceso al código fuente y que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue mínima: apenas del 0,28%. En conclusión, la confiabilidad del sistema electoral no admite duda.
Gustavo Petro no cesa en la intención de sembrar dudas. Insiste en que siempre ha habido fraude y que lo habrá en las elecciones presidenciales. Ha existido, sí, pero paulatinamente se toman correctivos para evitarlo. Cuestionar la legitimidad del sistema sin evidencia sólida y razonable no es propio de un verdadero demócrata.
