Paloma Valencia presenta demanda contra decretos de emergencia por riesgos en contratación y expropiación
La candidata presidencial Paloma Valencia ha presentado una solicitud formal ante la Corte Constitucional para suspender provisionalmente varios artículos contenidos en los Decretos Legislativos 174 y 175 de 2026. Según argumenta la demandante, estas normas expedidas por el Ejecutivo nacional vulneran seriamente las garantías electorales y el debido proceso en el país, generando riesgos significativos para la transparencia institucional.
La suspensión de la Ley de Garantías: un punto crítico
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Valencia es la suspensión temporal de la Ley de Garantías, una norma fundamental que prohíbe expresamente la contratación directa durante los períodos electorales. La candidata advierte con preocupación que estos contratos, al no requerir procesos de licitación pública, podrían ser utilizados estratégicamente para influir en las campañas políticas actuales, desvirtuando así la competencia electoral.
Para la demandante, el Gobierno nacional no necesitaba levantar esta restricción general para atender adecuadamente la emergencia climática por inundaciones. Según explica Valencia, la legislación ordinaria colombiana ya contempla excepciones y mecanismos eficaces que permiten al Estado actuar con rapidez ante desastres naturales, sin necesidad de anular los controles esenciales de contratación pública.
Además, la congresista cuestiona severamente que los decretos permitan la contratación directa a todas las entidades públicas sin establecer un límite de tiempo claro ni controles adecuados. Valencia denuncia específicamente que la medida habilita adiciones contractuales prácticamente ilimitadas, eliminando el tope actual del 50% del valor inicial, una regla diseñada precisamente para prevenir el derroche de recursos públicos.
El retorno de la "expropiación exprés" en el sector rural
La demanda presentada ante el alto tribunal constitucional también advierte sobre reformas preocupantes en los procesos agrarios que eliminarían la fase judicial tradicional. De acuerdo con los argumentos de Valencia, las nuevas disposiciones permitirían que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) concentre todas las etapas del proceso administrativo de manera completamente autónoma, sin supervisión judicial adecuada.
Bajo este esquema modificado, la ANT tendría la facultad exclusiva de iniciar los procesos, decidir qué pruebas se aceptan o rechazan, y tomar la decisión final sobre predios rurales sin intervención de otras autoridades. Valencia califica esta concentración de funciones como una herramienta "todopoderosa" que debilita significativamente la seguridad jurídica de los propietarios en el campo colombiano.
La congresista alerta especialmente sobre los plazos establecidos en los decretos, que serían de aproximadamente 15 días para decidir sobre la naturaleza y destino de los predios rurales. En su concepto profesional, este tiempo resulta completamente insuficiente para que cualquier ciudadano ejerza una defensa efectiva o para que se realice un análisis riguroso de las pruebas técnicas presentadas.
Artículos específicos bajo cuestionamiento
La solicitud de suspensión provisional se centra específicamente en los siguientes artículos:
- Artículo 8 del Decreto Legislativo 174 de 2026
- Artículo 19 del Decreto Legislativo 174 de 2026
- Artículo 12 del Decreto Legislativo 175 de 2026
Estas disposiciones habilitan facultades especiales bajo el marco de la emergencia declarada por las inundaciones, pero según Valencia introducen cambios estructurales que afectan profundamente la protección de la propiedad privada y la transparencia en el uso de recursos públicos. La candidata insiste en que el Gobierno podría haber utilizado mecanismos ordinarios ya existentes para atender la emergencia sin necesidad de modificar aspectos fundamentales del sistema de contratación y propiedad.
Este caso representa un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder ejecutivo durante estados de excepción, y podría establecer precedentes importantes sobre cómo balancear la necesidad de acción rápida del Estado con la protección de derechos fundamentales y garantías democráticas.
