Contraloría expone graves irregularidades en financiamiento climático nacional
La Contraloría General de la República emitió una alerta contundente sobre la efectividad real de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, advirtiendo que Colombia carece de información suficiente y mecanismos adecuados para determinar si este proyecto realmente está cerrando la brecha de recursos destinados a enfrentar el cambio climático.
Estudio revela deficiencias estructurales
La alerta del máximo órgano de control fiscal se produjo tras un estudio exhaustivo que evaluó los resultados de la estrategia durante el periodo 2022-2023. La investigación identificó fallas significativas tanto en la cantidad como en el acceso a los datos necesarios para realizar un seguimiento adecuado al financiamiento climático en el país.
La estrategia es formulada, actualizada e implementada por el Sistema Nacional de Cambio Climático, una instancia interinstitucional integrada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Departamento Nacional de Planeación, y los ministerios de Ambiente, Hacienda y Relaciones Exteriores.
Limitaciones en el monitoreo de recursos
Según los hallazgos de la Contraloría, aunque la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático logró incrementar la movilización de recursos públicos durante esos dos años, persisten limitaciones significativas para rastrear y monitorear los aportes provenientes del sector privado y de fuentes internacionales.
"El estudio evaluó la línea 'Desarrollo de instrumentos económicos y financieros', hallando una ausencia de inventario actualizado que registre ajustes, rediseños o incorporaciones de instrumentos posteriores a la estrategia de 2017 y su actualización en 2022", explicó la Contraloría en su informe.
Además, el órgano de control detectó que no existe un sistema de monitoreo que asegure el cumplimiento de los objetivos planteados, lo que imposibilita evaluar la eficacia real de la estrategia en la movilización de recursos para el cambio climático y su impacto en la reducción de la brecha de financiamiento.
Problemas en la clasificación de datos
La información sobre los recursos movilizados proviene de distintos sistemas que no discriminan claramente qué inversiones están dirigidas específicamente a acciones climáticas. Esta situación obliga a realizar procesos adicionales de clasificación y verificación que afectan directamente la exactitud de los datos disponibles para auditoría.
La investigación también evidenció la ausencia de un esquema de monitoreo que permita medir el cumplimiento de los objetivos planteados en esa línea estratégica, lo que dificulta determinar su impacto real en la movilización de recursos y en la reducción efectiva de la brecha financiera.
Distribución de la inversión pública
En cuanto a la inversión pública, la estimación de la brecha se realizó únicamente con base en fuentes estatales. Durante 2022 y 2023, la distribución de recursos presentó el siguiente panorama:
- Presupuestos municipales: 40,1%
- Sistema General de Regalías: 29,2%
- Presupuesto General de la Nación: 20,9%
- Aportes departamentales: 9,8%
Las cifras específicas muestran que en 2022 se destinaron 3,79 billones de pesos, equivalentes al 0,26% del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que en 2023 la inversión ascendió a 5,22 billones de pesos, representando el 0,33% del PIB. Ambos valores superan significativamente el promedio histórico de 0,16%.
Incremento no significa reducción de brecha
Sin embargo, la Contraloría advirtió que el incremento en la asignación de recursos no permite concluir que la brecha de financiamiento se haya reducido efectivamente. Esto se debe a que no se logró establecer con claridad cuáles eran las necesidades totales de financiación para esos años, lo que impide una evaluación precisa del progreso real.
Limitaciones en cooperación internacional
En materia de cooperación internacional, Colombia recibió aproximadamente 2 billones de pesos para iniciativas climáticas durante el periodo evaluado. No obstante, el sistema oficial de monitoreo solo incorpora información de cooperación no reembolsable, dejando por fuera instrumentos cruciales como:
- Créditos internacionales
- Donaciones en especie
- Asistencia técnica especializada
Falta de transparencia en sector privado
Finalmente, el informe de la Contraloría advierte que el sistema actual tampoco registra de manera adecuada los aportes de fuentes privadas, incluyendo:
- Sector bancario y asegurador
- Mercados de carbono
- Empresas privadas
- Organizaciones no gubernamentales
Esta limitación, según el órgano de control, afecta directamente la transparencia del proceso y dificulta una medición precisa del aporte real del sector privado en la lucha contra el cambio climático, comprometiendo la capacidad del país para enfrentar este desafío global de manera efectiva y coordinada.
