Auditoría de Contraloría expone graves irregularidades en Magdalena y Santa Marta
La Contraloría General de la República ha realizado una exhaustiva auditoría de cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones en los sectores de educación y del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Magdalena y la ciudad de Santa Marta durante la vigencia 2024. Los hallazgos son alarmantes: se han detectado irregularidades fiscales que suman $17.394 millones, evidenciando graves fallas en la gestión pública y el manejo de recursos destinados a la comunidad.
Obra educativa abandonada: daño patrimonial de $9.150 millones
El caso más significativo corresponde a la Institución Educativa Departamental Agropecuario Mitsilou Campbell en el municipio de El Banco. Esta infraestructura educativa se encuentra completamente abandonada, con obras inconclusas y en deterioro progresivo. La Contraloría ha determinado que esto configura un daño patrimonial por $9.150 millones, correspondientes a la inversión pública realizada que no ha cumplido su propósito.
Esta situación crítica se debe a incumplimientos reiterados del contratista y a deficiencias graves en la gestión contractual del FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa). A pesar de las sucesivas suspensiones y mesas de seguimiento, no se garantizó la terminación del proyecto ni se adoptaron medidas efectivas frente a los riesgos financieros del contratista. Además, la Gobernación del Magdalena, como entidad beneficiaria del proyecto, no realizó un seguimiento efectivo que pudiera prevenir esta pérdida millonaria.
Convenio cultural en Santa Marta sin soporte documental
En el Distrito Especial de Santa Marta, se celebró el Convenio RE ESAL-004-2024 con el objetivo de apoyar el desarrollo de las Fiestas del Mar para el fortalecimiento de las artes, la cultura y los saberes rumbo a los 500 años de la ciudad. Sin embargo, la auditoría reveló una grave inconsistencia: aunque el informe final del contratista establece que el convenio fue ejecrado al 100%, no existe evidencia documental suficiente que soporte el cumplimiento total del objeto contractual.
Esta falta de documentación impide verificar la ejecución real de las actividades contratadas, el cumplimiento del objeto del convenio y la correcta aplicación de los recursos públicos, generando un posible hallazgo fiscal por $5.206 millones. La situación se origina por la falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero adecuado por parte de la Secretaría de Cultura Distrital de Santa Marta.
Pagos a docentes con permiso sindical permanente
En el departamento de Magdalena, se identificó otro detrimento patrimonial significativo por $818.367.939. La entidad territorial certificada canceló con recursos del Sistema General de Participaciones - Prestación de Servicios Educativos, los salarios y demás estipendios a nueve (9) docentes de planta que contaban con permiso sindical permanente, sin que estos desarrollaran durante la vigencia 2024 las funciones docentes inherentes a sus cargos.
Este pago irregular ocurrió porque no se aplicaron los criterios de necesidad, oportunidad y razonabilidad que la jurisprudencia ha señalado para la concesión de estos permisos. Se evidencian debilidades de seguimiento y control oportuno al proceso de liquidación y pago de nómina al personal de planta, con novedades administrativas que no observan la legislación referente a los permisos sindicales permanentes.
Irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar
El análisis del desarrollo del Contrato 0792 de 2024 del Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Magdalena reveló múltiples problemas:
- No existen soportes que justifiquen los pagos por concepto de intereses realizados por el operador
- La interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, encargada de supervisar aspectos financieros, no menciona estos pagos en sus informes
- Se identificaron movimientos bancarios en la cuenta de la UT PAE Magdalena por un total de $1.000.000.000 realizados en fechas cercanas, sin soportes claros para dichas transacciones
Estas situaciones se derivan de la aplicación de recursos públicos a obligaciones privadas y de pagos sin soporte legal ni contable, obedecen a la deficiente supervisión y control financiero por parte del departamento del Magdalena y la interventoría, ocasionando presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones.
Medidas correctivas y seguimiento continuo
La Contraloría General de la República ha anunciado que continuará supervisando y verificando las acciones correctivas planteadas por el departamento de Magdalena y el Distrito Especial de Santa Marta. El objetivo es subsanar las falencias y debilidades evidenciadas en este proceso auditor, implementando medidas efectivas para mejorar la gestión financiera y administrativa en beneficio de la comunidad magdalenense y samaria.
Esta auditoría representa un llamado de atención a las entidades territoriales para fortalecer sus sistemas de control interno y garantizar que los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a educación y alimentación escolar, sean utilizados de manera transparente y eficiente.
