Enfrentamiento institucional por millonaria licitación en el Atlántico
Un choque institucional se ha desatado en el departamento del Atlántico entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) por el proceso licitatorio identificado como LP-2026-003. Este contrato, valorado en $2.000 millones, está destinado a financiar actividades operativas, administrativas, misionales y de participación ciudadana de la autoridad ambiental regional.
El origen de la controversia
La polémica comenzó cuando el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, utilizó la red social X para solicitar la suspensión temporal del proceso licitatorio. En su publicación, Idárraga formuló una serie de interrogantes sobre contrataciones anteriores de servicios logísticos y operativos realizadas por la CRA durante los años 2024 y 2025, además de cuestionar aspectos técnicos de la licitación actual.
El proceso se encuentra actualmente en etapa de evaluación, con cuatro oferentes compitiendo: JK Films S.A.S., H&Y Broad Solutions, Quinta Generación S.A.S. y la UT Log-Atlan 2026. La adjudicación está programada para el próximo 7 de abril, a menos que se produzca una intervención formal que modifique el calendario establecido.
Los cuestionamientos de la Secretaría de Transparencia
El requerimiento presentado por la Secretaría de Transparencia incluye múltiples aspectos que han generado preocupación:
- Información detallada sobre contratos celebrados en 2024 y 2025 para servicios logísticos y de apoyo operativo
- Identificación de empresas vinculadas, modalidades de contratación y montos específicos
- Existencia de posibles adiciones presupuestales no justificadas
- Composición y designación de comités estructuradores, evaluadores y supervisores
- Documentación que acredite la idoneidad de JK Films S.A.S., empresa que -según Transparencia- habría sido contratada de manera directa en dos ocasiones durante 2025
El secretario Idárraga también cuestionó aspectos técnicos de los pliegos, destacando la ausencia del indicador financiero de capital de trabajo en un contrato que no contempla anticipos. Además, señaló que la exigencia de un perfil profesional específico en comunicación social y medios digitales podría restringir la pluralidad de oferentes y afectar la competitividad del proceso.
La respuesta de la Corporación Autónoma Regional
La CRA respondió indicando que solo tuvo conocimiento del requerimiento a través de las redes sociales, ya que en sus canales formales de recepción de peticiones no encontró ninguna comunicación radicada por parte de la Secretaría de Transparencia. La autoridad ambiental precisó que tampoco recibió la solicitud a través de Secop II, la plataforma oficial para procesos contractuales en curso.
"Pese a ello, y por tratarse de un mensaje hecho en un canal público, la CRA procedió a radicar internamente la petición para darle trámite conforme a la normatividad", explicó la corporación en su comunicado oficial.
La entidad sostuvo que responderá cada uno de los interrogantes planteados y recordó que toda la información contractual es pública y está disponible en Secop II. La CRA reiteró que la solicitud "no señala irregularidad alguna", sino que se trata de requerimientos de información estándar dentro de procesos de contratación pública.
Un proceso que continúa su curso
La etapa de observaciones al informe de evaluación cerró el 31 de marzo, sin que se produjera la suspensión solicitada por el secretario Idárraga. La audiencia de adjudicación mantiene su fecha prevista para el 7 de abril, a menos que la Presidencia formalice una solicitud de suspensión por los canales procedimentales establecidos o que intervenga otro órgano de control.
Hasta el momento, la CRA mantiene su posición de que el proceso debe seguir su curso normal, asegurando que toda la información requerida será entregada oportunamente y que no existen indicios de irregularidades en el trámite licitatorio.
Por su parte, la Secretaría de Transparencia insiste en la necesidad de aclarar plenamente los criterios de selección, verificar la idoneidad de los oferentes y revisar los antecedentes contractuales para garantizar un proceso competitivo y ajustado a la ley. Este enfrentamiento institucional pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir en procesos de contratación pública de alto valor, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre transparencia y cumplimiento normativo.
