Procuraduría sanciona a 16 funcionarios de la SIC por irregularidades en visitas administrativas
La Procuraduría General de la Nación ha emitido un fallo de primera instancia que sanciona a 16 personas, entre funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por presuntas irregularidades cometidas durante inspecciones realizadas a la Registraduría Nacional y a la Cancillería en marzo de 2024.
¿Qué ocurrió durante las visitas de la SIC?
Según el Ministerio Público, durante las diligencias adelantadas en el marco de averiguaciones relacionadas con procesos contractuales de la firma Thomas Greg & Sons, los funcionarios de la SIC solicitaron acceso a computadores institucionales y dispositivos móviles, incluyendo equipos de carácter personal de directivos y empleados de ambas entidades.
En el caso específico de la Registraduría Nacional, la Procuraduría detalló que se realizaron copias de seguridad y "espejos forenses" de equipos que contenían información altamente sensible, entre la cual se encontraban:
- Datos completos del censo electoral
- Historiales clínicos de ciudadanos
- Registros con reserva legal protegidos por normativa
Estas actuaciones generaron múltiples quejas por posible afectación de derechos fundamentales y por exceder claramente el objeto de la averiguación preliminar que adelantaba la Superintendencia de Industria y Comercio.
Las sanciones impuestas a los funcionarios de la SIC
El principal sancionado es Francisco Melo Rodríguez, quien se desempeñaba como superintendente delegado para la Protección de la Competencia al momento de los hechos. La Procuraduría le impuso:
- Suspensión inmediata del cargo
- Inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por 12 meses
En caso de que no esté ejerciendo dicho cargo al momento de ejecutarse la sanción, esta se convertiría en una multa de aproximadamente 131,9 millones de pesos.
Entre los demás sancionados figura Mario Alejandro Franco Vanegas, coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones, quien recibió suspensión e inhabilidad por 9 meses, convertibles en una multa de cerca de 37,5 millones de pesos si no está en ejercicio del cargo.
También fue sancionada Martha Liliana Fandiño Vergara, profesional universitaria del mismo grupo de trabajo, declarada responsable por falta grave cometida a título de dolo. En varios de los casos, el ente de control impuso además multas adicionales e inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.
Carácter del fallo y procedimiento
La Procuraduría precisó que se trata de un fallo de primera instancia, lo que significa que los sancionados tienen derecho a impugnarlo ante la segunda instancia del Ministerio Público. El proceso fue adelantado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 y tuvo origen en un informe de servidor público radicado en marzo de 2024.
Este caso representa un precedente significativo en materia de protección de información sensible y límites a las facultades de inspección de entidades de control, destacando la importancia del respeto a los derechos fundamentales incluso durante investigaciones administrativas.
