Cielo Rusinque defiende a funcionarios y contratistas de la SIC sancionados por visita irregular a la Registraduría
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, manifestó su apoyo a los 16 funcionarios y contratistas de esa entidad sancionados por la Procuraduría General de la Nación. Las sanciones se deben a las visitas realizadas a la Registraduría y a la Cancillería en 2024, para indagar sobre la firma Thomas Greg & Sons.
Defensa pública de la superintendente
A través de un mensaje en su cuenta de X, Rusinque señaló que la falta de los sancionados fue "haber respetado con rigor y alta consciencia ética y jurídica los mandatos constitucionales y legales que desde siempre han regulado las visitas administrativas". La funcionaria resaltó que estos profesionales llevan muchos años en la entidad atendiendo protocolos y estándares avalados por entidades judiciales.
"Estamos convencidos de que sus actuaciones se enmarcaron bajo el cumplimiento del marco legal que rige en Colombia", afirmó Rusinque en su defensa pública.
Detalles de las sanciones impuestas
En su mensaje, la superintendente recalcó que recibieron con sorpresa esta sanción, que incluye:
- Inhabilidades para trabajar en el Estado por cinco años
- Sanciones pecuniarias que alcanzan los $130 millones
- Medidas disciplinarias de diversa índole
"A nuestro juicio esta es una decisión arbitraria para funcionarios y contratistas que simplemente estaban cumpliendo con su función legal y constitucional", agregó Rusinque. La líder de la SIC advirtió que los sancionados ejercerán su derecho a la defensa, confiando en que en segunda instancia la Procuraduría revalore esta decisión y archive la investigación.
Antecedentes del caso
La Procuraduría General de la Nación sancionó, en fallo de primera instancia, a los 16 funcionarios y contratistas por presuntas irregularidades ocurridas en marzo de 2024 durante inspecciones realizadas a la Registraduría y a la Cancillería.
Según el organismo de control, en esas diligencias se accedió y extrajo información tanto de equipos institucionales como de dispositivos personales, en medio de indagaciones relacionadas con los procesos contractuales de la firma Thomas Greg & Sons.
Irregularidades documentadas
En un documento de 215 páginas, el Ministerio Público detalló cómo los implicados solicitaron acceso a:
- Computadores asignados a directivos y empleados
- Teléfonos móviles personales e institucionales
- Información protegida por reserva legal
La investigación disciplinaria concluyó que la recolección de información, cuyo propósito inicial era verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica, terminó desbordando los límites legales y el alcance de la averiguación preliminar.
Datos sensibles extraídos
El ente de control indicó que, en las instalaciones de la Registraduría, los funcionarios realizaron copias de seguridad y aplicaron procedimientos técnicos conocidos como "espejos forenses" sobre equipos que contenían información altamente sensible.
Entre los datos extraídos de manera masiva se identificaron:
- Registros del censo electoral completo
- Historiales clínicos privados de ciudadanos
- Documentos protegidos por reserva legal sin relación con la investigación
Medidas disciplinarias específicas
El fallo disciplinario ordenó medidas severas contra los responsables de las visitas administrativas. La principal sanción recayó sobre el entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, quien recibió:
- Suspensión inmediata de funciones
- Inhabilidad por un término exacto de 12 meses
Varios contratistas participantes del operativo recibieron castigos adicionales:
- Multas económicas significativas
- Inhabilidad absoluta para firmar contratos con el Estado por cinco años
- Restricciones profesionales adicionales
Posición institucional de la SIC
En su momento, la Superintendencia de Industria y Comercio defendió las inspecciones adelantadas por sus funcionarios, asegurando que estas actuaciones se sustentan en el marco legal y constitucional colombiano.
"Se seguirán desarrollando para el cumplimiento cabal de nuestras funciones en beneficio del interés general de los colombianos y colombianas", señaló la Superintendente en declaraciones anteriores.
El caso continúa generando debate sobre los límites de las facultades investigativas de las entidades de control en Colombia y el equilibrio entre la supervisión estatal y la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos.
