Contratos millonarios de amiga de primera dama bajo la lupa de la Fiscalía
Los vínculos personales en las altas esferas del poder ejecutivo colombiano han vuelto a generar controversia tras revelarse que tres convenios firmados desde 2022 han generado pagos millonarios y actualmente se encuentran bajo revisión por presuntas irregularidades administrativas. El caso ha reavivado el debate sobre transparencia y posibles conflictos de interés en la Casa de Nariño.
La conexión presidencial y los contratos directos
Ingrid Carolina Plata Navas, reconocida por su cercanía con la primera dama Verónica Alcocer y esposa de Danilo Romero —compadre del presidente Gustavo Petro—, ha suscrito contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que suman $719'321.778 en los últimos tres años y medio. Las contrataciones comenzaron pocos días después de la posesión presidencial en agosto de 2022.
Según documentos oficiales, los convenios fueron adjudicados bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios, figura que permite vincular personal para apoyo especializado sin necesidad de concurso público. Esta modalidad ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por organismos de control.
Detalle de los tres convenios investigados
Los contratos suscritos por Plata Navas presentan características particulares que han llamado la atención de las autoridades:
- Primer contrato: Firmado el 26 de agosto de 2022 y extendido hasta el 15 de diciembre del mismo año. Durante este periodo, prestó apoyo en la organización y ejecución de actividades de protocolo y logística en escenarios oficiales como la Casa de Nariño, la Hacienda Hato Grande y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. Recibió $70'808.710, con honorarios mensuales cercanos a los $19,6 millones.
- Segundo contrato: Suscrito el 16 de diciembre de 2022 por $482'480.725. Aunque en la plataforma oficial aparece con fecha de finalización el 31 de enero siguiente, el documento contractual establece vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024. Durante 2023, los pagos mensuales superaron los $20 millones y en 2024 ascendieron a más de $20,8 millones, acumulando cerca de $229 millones en once meses.
- Tercer contrato: Firmado el 18 de diciembre de 2025 por $166'032.343. Para ese periodo, se fijaron honorarios mensuales superiores a $21,5 millones, con incrementos que alcanzaron los $22,1 millones en los meses finales. Actualmente, mantiene un convenio en ejecución con la misma entidad.
Investigación ampliada y contexto patrimonial
Este 14 de febrero, la revista Semana reveló que a la Fiscalía llegó una denuncia por 12 contratos firmados desde agosto de 2022 hasta finales del año pasado para el equipo de "asesores" de la primera dama. Plata figura en ese grupo, junto a escoltas, personal de seguridad, el fotógrafo Mauricio Vélez y el estilista Fady Javier Flórez, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre la contratación en el entorno presidencial.
El nombre de Plata también fue mencionado en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), divulgado el año pasado, en el que figura como receptora de giros efectuados por el presidente Petro. En cuanto a su trayectoria profesional, ha acreditado experiencia en cargos directivos en empresas privadas como Carbones de Toledo S.A., vinculada a su esposo, así como Supra Assets S.A.S. y Rumbos Ltda.
En su más reciente declaración de bienes y rentas ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, reportó ingresos y patrimonio por $401.725.000 en 2024. Declaró además una cuenta de ahorros con $20 millones y propiedades en Bogotá que suman $700 millones entre bienes muebles e inmuebles. No registró conflictos de interés ni información sobre su cónyuge, Danilo Romero, empresario santandereano cercano al jefe de Estado.
Implicaciones y seguimiento institucional
El caso ha generado preocupación entre organismos de control y la opinión pública, quienes cuestionan los mecanismos de contratación en la administración pública y la posible influencia de relaciones personales en la adjudicación de contratos estatales. La investigación fiscal podría ampliarse a otros contratos similares dentro del entorno presidencial.
Expertos en derecho administrativo han señalado que, aunque la contratación directa está permitida en casos específicos, su uso recurrente y en montos elevados requiere de una justificación exhaustiva y transparente para evitar percepciones de favoritismo o irregularidades en el manejo de recursos públicos.
