La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) lanzó este jueves un llamado urgente al Congreso de la República para que acelere el trámite y la aprobación del proyecto de ley que establece el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero. El gremio advierte que el país podría quedarse sin herramientas jurídicas para enfrentar el contrabando y otras prácticas ilegales que afectan el comercio formal si no se actúa con rapidez.
En un comunicado conjunto con el movimiento Más País, la Andi expresó su preocupación al señalar que “Colombia está en riesgo de quedarse sin un régimen sancionatorio aduanero que sirva como control del comercio ilícito” antes del plazo fijado por la Corte Constitucional. El Congreso tiene hasta el 20 de junio de 2026 para aprobar la nueva norma, de lo contrario se generaría un vacío legal que paralizaría las acciones de control contra el contrabando.
Riesgo de vacío legal en control aduanero y contrabando
El comunicado advierte que el Congreso “tiene en sus manos la aprobación del proyecto de ley con plazo perentorio hasta el 20 de junio de 2026”, fecha límite impuesta por la Corte Constitucional para que entre en vigor la nueva norma que regule sanciones aduaneras en reemplazo del marco derogado. De no cumplirse, el país enfrentaría “un riesgo sin precedentes para el comercio exterior colombiano”, especialmente en la lucha contra el contrabando y otras conductas ilícitas que ponen en jaque la legalidad y competencia en puertos y fronteras.
El texto presentado ante el Legislativo, según la Andi, es el resultado de un proceso de diálogo técnico entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Andi como miembro del Consejo Gremial Nacional ampliado y múltiples actores del comercio exterior. Todos participaron en mesas de trabajo orientadas a construir “un proyecto equilibrado entre control aduanero, lucha contra el contrabando, facilitación del comercio y seguridad jurídica”. El gremio destaca que dicho proceso incorporó la perspectiva de quienes operan dentro de la legalidad para reforzar la confianza y estabilidad en la economía colombiana.
La urgencia por aprobar este régimen sancionatorio se inscribe en un contexto legal complejo: tras una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequibles artículos de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto Ley 920 de 2023, el Congreso recuperó la competencia exclusiva para expedir el nuevo régimen sancionatorio aduanero y debe hacerlo antes del 20 de junio para evitar un vacío jurídico que paralice acciones de control contra el contrabando.
Implicaciones para la economía y el comercio exterior colombiano
De acuerdo con la Andi y Más País, sin la nueva ley la autoridad aduanera no podría imponer sanciones, ni ejecutar decomisos o aprehensiones de mercancías ilegales, debilitando así la capacidad institucional de proteger el comercio formal y el cumplimiento de las normas vigentes. Esto ocurre en un contexto en el que las prácticas ilegales erosionan la competitividad y generan distorsiones en los mercados.
Más allá de la advertencia sobre la pérdida de herramientas de control, el comunicado señala que “no avanzar oportunamente en la convocatoria y discusión de este proyecto debilitaría las capacidades sancionatorias y de control del Estado frente al contrabando y otras conductas que afectan el comercio exterior y la legalidad”. De acuerdo con la Andi, esto “comprometería la seguridad jurídica de las operaciones aduaneras, la estabilidad de la cadena logística y la confianza en la economía colombiana”.
El proyecto ha sido objeto de intensos debates entre diferentes sectores del comercio exterior, pero el gremio empresarial insiste en que su aprobación es crucial tanto para cerrar espacios a prácticas ilícitas como para brindar reglas claras “que sirvan como control del comercio ilícito”.
Camino legislativo y próximo paso en el Congreso
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 312 de 2025 en el Senado y acumulada con el Proyecto de Ley 331 de 2025, fue radicada con mensaje de urgencia y ha avanzado mediante la presentación de una ponencia unificada ante las comisiones respectivas. A pesar de esto, su debate fue suspendido recientemente, lo que preocupa a los gremios que trabajaron en la construcción del texto.
La Andi y Más País recordaron al Congreso que este no es solo un ejercicio técnico, sino una decisión con implicaciones claras para la competitividad del comercio exterior y la protección del tejido productivo formal frente a prácticas ilegales: “la lucha contra el contrabando, la protección del comercio formal y la estabilidad jurídica del país no admiten aplazamientos ni limbos jurídicos”, advierte el comunicado.
Con el reloj legislativo avanzando y la fecha límite de junio cada vez más cercana, este llamado pone sobre la mesa una tensión abierta entre la necesidad de un marco legal robusto y los tiempos políticos dentro del Congreso, en un momento en que las decisiones legislativas pueden repercutir en la confianza del sector privado y en la operación diaria de miles de empresas vinculadas al comercio internacional.
