Senadora antioqueña bajo investigación por múltiples denuncias de corrupción
La senadora Berenice Bedoya, quien busca su reelección este año como parte de la coalición Alianza Verde-ASI, se encuentra en el centro de una tormenta judicial y política debido a diversas acusaciones de irregularidades. La congresista antioqueña enfrenta denuncias por presuntos cobros a miembros de su equipo legislativo y aparece vinculada a dos escándalos de corrupción que involucran a entidades estatales.
Denuncia por retención de salarios a asesor legislativo
Según el testimonio de Sergio Mesa, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Bedoya, la senadora habría exigido el pago de aproximadamente 30 millones de pesos entre abril y diciembre de 2024 para que él mantuviera su empleo. Los dineros, según la denuncia, fueron entregados al yerno y a la hija de la parlamentaria. Mesa y varias veedurías ciudadanas ya presentaron formalmente la denuncia ante las autoridades judiciales.
La situación ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político. La representante Catherine Juvinao manifestó: "Las acusaciones contra la senadora Berenice Bedoya sobre, una vez más, la consabida modalidad de congresistas que le retienen parte del salario a integrantes de las UTL, son gravísimas. Mi solidaridad con su exasesor. Debería evaluarse su expulsión de la coalición a Senado de la que hace parte mi partido". Incluso dentro de su propia coalición política hay voces que piden reevaluar la alianza que la avala.
Vinculación con escándalos de la Ungrd y el Fondo de Adaptación
Este no es el único caso que enreda a la congresista. Bedoya también forma parte del expediente judicial que investiga a una docena de legisladores por el desfalco de los dineros de la Ungrd. Según la fiscal María Cristina Patiño, el 13 de junio de 2023, el entonces director de la entidad, Olmedo López, acordó con el congresista Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la Ungrd para legisladores de la Comisión Séptima, entre ellos Berenice Bedoya.
La fiscalía ha revelado chats y documentos que indicarían que en junio de 2023 la senadora habría conversado con López sobre un proyecto en los departamentos de Casanare, Meta y Risaralda. Aunque las evidencias son contundentes, ni Peralta ni Bedoya han sido formalmente imputadas en este caso.
Además, la congresista aparece relacionada con la llegada de cuotas políticas al Fondo de Adaptación. Su yerno, Johan Steven Londoño, fue nombrado subgerente de proyectos en esta entidad y, durante su gestión, contrató a varios aliados, asesores e incluso financiadores de las campañas de Bedoya.
Contrataciones cuestionadas en el Fondo de Adaptación
Investigaciones periodísticas han establecido que, apenas tres días después de asumir su cargo en el Fondo de Adaptación, Londoño entregó más de una docena de contratos a personas cercanas a su suegra y al partido Alianza Social Independiente (ASI), que preside Bedoya.
- Russell Ramírez, abogado y militante de ASI, recibió un contrato por 43 millones de pesos el 17 de diciembre. Bedoya lo había llevado previamente al Congreso como contratista de la Comisión Séptima.
- Juan José Poveda Daza, miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del ASI, obtuvo un contrato por 85 millones de pesos en la Subgerencia de Proyectos.
- Joaquín Emilio Zapata, cercano a Bedoya y financiador de sus campañas con un aporte de 20 millones de pesos en 2022, fue contratado por un valor total de 117 millones de pesos, equivalente a un sueldo mensual cercano a los 10 millones.
Frente a estas acusaciones, la senadora negó que ASI tenga cargos en el Gobierno y aseguró no haber tenido relación con el nombramiento de su yerno. Por su parte, Londoño, quien fue retirado del cargo hace ocho días, defendió las contrataciones argumentando que se basaron en "capacidad, conocimiento y experiencia en el sector".
El ministro Benedetti, mientras tanto, negó la existencia de acuerdos con los partidos mencionados y advirtió que las relaciones con ambos bloques están rotas desde la elección del magistrado Carlos Camargo en la Corte Constitucional.
Este conjunto de denuncias coloca a Berenice Bedoya en una posición delicada mientras busca su reelección, generando dudas sobre su integridad y la transparencia de su gestión legislativa.
