La Corte Suprema de Justicia revela pruebas contundentes en caso de corrupción de la UNGRD
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha presentado una acusación detallada que incluye pruebas documentales y conversaciones que demuestran presiones extorsivas por parte de congresistas para obtener contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los documentos judiciales exponen un entramado de negociaciones ilícitas que involucra a múltiples legisladores y exministros del gobierno.
Los mensajes que comprometen a Wadith Manzur
Entre las pruebas más contundentes se encuentran los mensajes del congresista conservador Wadith Manzur a la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides. "De verdad, si no, no va a funcionar nada Mariale. Solo te dejo la constancia por acá (...). Te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático", escribió Manzur en octubre de 2023.
La Corte Suprema ha catalogado estas comunicaciones como actitudes extorsivas, donde el congresista condicionaba su función pública en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a la adjudicación de proyectos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, financiados con recursos de la UNGRD.
Los implicados y su situación legal
La acusación judicial incluye a siete personas directamente vinculadas al caso:
- Wadith Manzur: Congresista conservador, actualmente en prisión y llamado a juicio por cohecho impropio
- Karen Manrique: Congresista, también detenida y procesada judicialmente
- Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz: Congresistas y excongresista llamados a juicio
- Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: Exministros actualmente presos por su participación en el escándalo
El modus operandi del entramado corrupto
La investigación judicial ha identificado patrones claros en la operación de esta red clientelar:
- Comunicaciones opacas: Los congresistas solicitaban utilizar Signal, aplicación de mensajería irrastreable, para evitar dejar rastros digitales
- Entrega física de propuestas: Los proyectos se presentaban en sobres sellados para mantener el secreto de las negociaciones
- Presiones directas: Los legisladores buscaban encuentros personales con ministros y funcionarios clave antes de sesiones importantes
- Condicionamiento de votos: Las decisiones en la Comisión de Crédito Público estaban supeditadas a la concesión de contratos
La reunión clave del 31 de octubre
El 31 de octubre de 2023 se concretó una reunión crucial donde asistieron los congresistas Bitar, Manzur y Julián Peinado Ramírez con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según el testimonio de Benavides, en este encuentro "el ministro me dio la autorización explícita y lo hizo frente a los congresistas de que yo le recibiera proyectos al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo".
Bonilla habría mencionado "quince para todos", en referencia aparente a la distribución de recursos o beneficios entre los participantes.
Consecuencias políticas y electorales
La celebración electoral de Wadith Manzur, hijo del cacique político cordobés Julio Manzur (condenado por parapolítica), duró apenas tres días tras las elecciones del 8 de marzo. Aunque obtuvo 134.000 votos para el Senado (24.000 más que en su elección anterior como representante), su detención inmediata truncó sus aspiraciones políticas.
Karen Manrique, por su parte, había obtenido aproximadamente 5.640 votos en su candidatura por la curul de paz de Arauca en la Cámara de Representantes. Ambos legisladores enfrentan ahora la posibilidad de la figura de la silla vacía si permanecen detenidos al iniciar la nueva legislatura el 20 de julio.
La sesión "más eficiente" que delató el esquema
El 28 de noviembre de 2023, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobó exprés seis de nueve operaciones de crédito en lo que la Corte Suprema denominó "la sesión más eficiente del año". Este giro abrupto -tras meses de freno en el trámite de empréstitos- alertó a las autoridades y terminó por revelar el entramado delictivo.
La Corte ha recalcado dos características fundamentales de este caso: la relación de mutuo beneficio entre algunos miembros del Legislativo y el Ejecutivo, y la llamativa "amnesia" de los ministros del gobierno Petro cuando fueron llamados a declarar, quienes afirmaron no recordar los hechos investigados.
Este caso representa uno de los escándalos de corrupción más significativos en la historia reciente del Congreso colombiano, con implicaciones directas en la asignación de recursos para la gestión del riesgo de desastres en todo el territorio nacional.
