La batalla por los recursos pensionales en Colombia ha entrado en una fase crítica. Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, se pronunció en el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio luego de que el Consejo de Estado suspendiera el traslado de recursos desde los fondos privados al régimen público. Con un tono enérgico, el funcionario acusó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de tener “secuestrados” los ahorros de miles de ciudadanos.
Impacto inmediato en los pagos
Dussán fue enfático al señalar que la suspensión del Decreto 415 tiene consecuencias inmediatas y preocupantes: “Impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados que voluntariamente se trasladaron a Colpensiones”. Según el presidente de la entidad, aproximadamente 109.000 personas se encuentran en un limbo financiero, de las cuales 25.000 ya deberían estar recibiendo su mesada con los recursos que aún no han llegado a la entidad estatal.
Críticas al Consejo de Estado
El presidente de Colpensiones no se guardó nada al cuestionar la imparcialidad del Consejo de Estado. Calificó como un “extraño cambio de decisión” que el magistrado ponente suspendiera el traslado de los recursos apenas tres días antes de que venciera el plazo para que las AFP entregaran los primeros 5 billones de pesos. “El señor magistrado cambia de opinión y suspende el artículo con un argumento inexistente”, denunció Dussán, añadiendo que esta medida permite que los fondos privados retengan un total de 25 billones de pesos que, según él, pertenecen legítimamente a Colpensiones por la voluntad de los ahorradores.
Presión judicial y próximos pasos
Ante el bloqueo financiero, el Gobierno Nacional prevé que la disputa se traslade a los juzgados. Dussán vaticinó que los ciudadanos no se quedarán de brazos cruzados y que los fondos privados enfrentarán una presión judicial masiva. “Los fondos van a tener la reclamación de todos los ciudadanos diciéndoles: no me secuestren más mis recursos”, afirmó.
Finalmente, el funcionario insistió en que mientras la Ley 2381 no sea declarada inconstitucional, el derecho de los trasladados sigue vigente, por lo que la retención del dinero por parte de las AFP es, a su juicio, una arbitrariedad que pone en riesgo el sustento de miles de pensionados en el país.
