La Contraloría de Bogotá inició un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 6.501 millones de pesos, relacionados con pagos de la Secretaría Distrital de Movilidad por consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre 2021 y 2024. La investigación busca determinar si estos recursos públicos se usaron de forma innecesaria, dado que la entidad ya contaba con plataformas internas con información similar.
Detalles de la investigación
Según el organismo de control, en ese periodo la Secretaría realizó 5.467.476 consultas al RUNT, tramitadas a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), generando pagos por más de 6.500 millones de pesos. La Contraloría advierte que bases de datos institucionales como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON ya disponían de información suficiente, por lo que se cuestiona la necesidad de estos gastos.
Principios de gasto público
La entidad de control fiscal considera que estos pagos podrían haber vulnerado los principios de economía, eficiencia y necesidad del gasto público, por lo que decidió iniciar formalmente el proceso para determinar si existió una afectación al patrimonio del Distrito y establecer las responsabilidades fiscales correspondientes.
Declaraciones del funcionario
Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, explicó que el propósito de la investigación es verificar si hubo un uso inadecuado de los recursos públicos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de legalidad, eficiencia y necesidad.
Vinculados al proceso
Como parte del proceso, fueron vinculados varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como un directivo de ETB, quienes podrán ejercer su derecho a la defensa. La Contraloría señaló que continuará adelantando controles para proteger los recursos públicos y promover una gestión transparente y responsable en las entidades del Distrito.
