La Contraloría General de Antioquia ha reabierto varios procesos de investigación contra el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), luego de que estos fueran archivados inicialmente por falta de pruebas. Ahora, con nuevas evidencias aportadas por la Fiscalía, se busca determinar si existieron irregularidades en la gestión de la entidad entre 2020 y 2023.
Detalles de los contratos investigados
Según la información revelada, son doce los contratos bajo la lupa de la Contraloría. Estos incluyen proyectos emblemáticos como el Sistema de Bicicletas Públicas Encicla, el Parque de las Aguas y el Parque de Artes y Oficios en el municipio de Bello. Sin embargo, el caso más avanzado y polémico es el de los Bomberos de Itagüí, donde las audiencias ya están en curso.
Caso Bomberos de Itagüí: 18.000 millones de pesos en juego
En este proceso están formalmente vinculadas cinco personas, entre ellas María Rúa, exfuncionaria del AMVA; Misael Cadavid, excomandante de los Bomberos de Itagüí; Elkin González, extesorero de la misma institución; y Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana. Las presuntas irregularidades ascienden a cerca de 18.000 millones de pesos. Hasta el momento, se han avalado dos principios de oportunidad y se estudian otras tres colaboraciones con la justicia.
Declaraciones del contralor y la directora del AMVA
Juan Carlos Herrera, contralor de Antioquia, explicó que se han abierto dos procesos de indagación preliminar, una investigación formal y una denuncia formal sobre los doce contratos. “En este momento se ha ordenado la vinculación de cinco personas a un proceso formal de investigación”, afirmó. Por su parte, Paula Andrea Palacio, directora del AMVA, señaló que como víctimas en estos procesos han aportado las actualizaciones de las evidencias de la Fiscalía y los jueces para que la Contraloría actúe conforme a sus competencias.
Próximos pasos
Se espera que en las próximas horas se defina si Juan David Palacio debe ser enviado a un centro penitenciario mientras continúa el proceso para determinar responsabilidades específicas en las irregularidades por los 18.000 millones de pesos. La Contraloría también analiza si existen más personas vinculadas a estos hechos de presunta corrupción.
