Escándalo de corrupción en Bosconia: funcionarios judiciales y policiales exigen millonaria suma por devolver motores incautados
Un juez penal de control de garantías ha decretado medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres funcionarios públicos implicados en un grave caso de corrupción en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar. Los procesados son el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez.
Interceptación irregular y exigencia de rescate económico
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero cuando los funcionarios habrían interceptado de manera irregular un tractocamión que transportaba 15 motores importados desde la zona portuaria hacia la ciudad de Medellín. El vehículo fue trasladado inmediatamente a un parqueadero privado.
Al día siguiente, el fiscal Montes Dávila ordenó poner la carga a disposición de su despacho, alegando sospechas de narcotráfico y contrabando que posteriormente se demostraron infundadas. Lo más grave del caso surgió cuando el propietario de la mercancía denunció que los tres funcionarios le solicitaron inicialmente 300 millones de pesos para devolver los motores, cantidad que posteriormente negociaron reduciéndola a 100 millones de pesos.
Cargos formales por concusión y prevaricato agravado
La Fiscalía Especializada contra la Corrupción estableció mediante investigación que:
- El fiscal seccional asumió un caso fuera de su competencia territorial y material
- Para dar apariencia de legalidad a sus actos, incluyó las actuaciones en un proceso abierto por hechos completamente distintos
- Los tres funcionarios actuaron en concierto para extorsionar al dueño de la carga
Por estos hechos, una fiscal delegada ante tribunal imputó formalmente a los tres involucrados el delito de concusión, que consiste en exigir dinero indebidamente aprovechando el ejercicio de funciones públicas. Adicionalmente, al fiscal Montes Dávila se le acusó del delito de prevaricato por omisión agravado, por haber faltado deliberadamente a sus deberes como servidor judicial.
Medidas cautelares y proceso en curso
El juez de control de garantías, tras evaluar la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres implicados. La decisión judicial destaca el grave quebrantamiento de la confianza pública y el abuso de autoridad cometido por funcionarios que deberían garantizar la legalidad.
El caso, que ha generado indignación en la región, continúa su curso procesal mientras la Fiscalía profundiza en la investigación para determinar si existieron más irregularidades o posibles cómplices dentro de las instituciones. Este escándalo se suma a otros casos de corrupción que han afectado recientemente a la administración de justicia en el Caribe colombiano.
