Corte Suprema fortalece investigación por corrupción en gestión de riesgos
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión trascendental al negar los recursos de nulidad presentados por las defensas de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Esta resolución judicial deja en firme la acusación formal por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, relacionados directamente con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Nuevas pruebas testimoniales ordenadas
La determinación judicial no solo ratifica el llamado a juicio formal contra los excongresistas, sino que ordena un nuevo paquete de pruebas testimoniales destinado a esclarecer completamente las rutas financieras y los sobornos presuntamente entregados para impulsar las reformas del Gobierno Nacional. El magistrado Jorge Emilio Caldas rechazó anular las actuaciones previas, señalando que el derecho de contradicción sigue plenamente vigente en este proceso.
Como consecuencia de esta decisión, el tribunal ha ordenado escuchar nuevamente los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de citar formalmente a Juan David García (exasistente de Calle) y a la exalta consejera Sandra Ortiz. Estas personas son consideradas piezas fundamentales en la presunta distribución del capital ilícito que alimentó este escándalo de corrupción.
Argumentos de la defensa y criptomonedas
El debate judicial se centró en los cuestionamientos presentados por los abogados defensores de los excongresistas, quienes actualmente permanecen recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota. El equipo legal de Andrés Calle sostuvo que la acusación -basada en la recepción de 1.000 millones de pesos supuestamente entregados en su apartamento de Montería- constituye una "retaliación directa" por parte de Olmedo López.
Para desvirtuar los señalamientos de Sneyder Pinilla, la defensa presentó un argumento novedoso: afirmaron que el exsubdirector de la UNGRD realizó una transacción encubierta mediante criptomonedas para evitar el traslado físico de efectivo desde Bogotá. Según los juristas defensores, esta operación digital no fue adecuadamente aclarada durante la fase de instrucción, lo que vicaría sustancialmente la hipótesis presentada por la Fiscalía General de la Nación.
La ruta del dinero ilícito
El acervo probatorio recopilado por la Corte Suprema ha trazado una compleja ruta criminal donde los sobornos se habrían fondeado inicialmente con un préstamo de 4.000 millones de pesos otorgado por el particular Pedro José Castro Espinoza. Según los documentos del expediente, el dinero se entregó en fajos monetarios dentro de bolsas de basura oscuras en lugares específicos como el parqueadero de Plaza España y las inmediaciones de Unicentro.
La investigación judicial ha comprobado que dicho préstamo fue cancelado en enero de 2024 utilizando el anticipo del contrato de los 40 carrotanques destinados originalmente para La Guajira, lo que evidencia el desvió de recursos públicos hacia fines completamente ajenos a su propósito original de gestión del riesgo y atención de desastres.
Próximos pasos procesales
La Audiencia Preparatoria quedó formalmente fijada para el próximo jueves 5 de marzo a las 2:15 p.m., la cual se realizará de manera virtual según lo establecido por el tribunal. Este nuevo capítulo en la investigación busca profundizar en los testimonios clave que podrían determinar responsabilidades penales en uno de los casos de corrupción más significativos de los últimos años en Colombia.
Los cuestionamientos de la defensa también se extendieron al principio de oportunidad aplicado a Sneyder Pinilla, advirtiendo que un "testimonio fragmentado" impediría conocer la verdad procesal completa. Sin embargo, la Corte Suprema mantiene su posición de avanzar con la investigación mediante la recolección de nuevas pruebas que permitan establecer con claridad los hechos y las responsabilidades correspondientes.
