En un contexto donde la corrupción figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, causó sorpresa e indignación la noticia de la libertad de la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz, por vencimiento de términos. Días antes, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla también había recuperado su libertad por la misma causa y en el marco del mismo escándalo: el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ortiz, actualmente inocente mientras la justicia no pruebe lo contrario, está acusada de lavado de activos y tráfico de influencias en un episodio que ha servido como termómetro de la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los saqueos del erario, establecer responsabilidades y presentar pruebas sólidas a los jueces en los plazos legales.
Llama la atención que, en este caso tan lamentado, una vez más estemos ante el riesgo de que se aplace el actuar de la justicia o incluso se diluya definitivamente, a causa de las viejas grietas del sistema penal. Esto indigna a la sociedad y es inaceptable.
Cuesta entender que, a estas alturas, los abogados aún logren encontrar atajos para dilatar los procesos. En cuanto a las libertades por vencimiento de términos, la pregunta inevitable es: si esto ocurre con el caso más sonado del país, ¿qué pasará en miles de procesos que se desarrollan lejos de los reflectores?
La respuesta no puede ser un cruce de acusaciones entre el ente acusador y las defensas. Bastante agua ha corrido bajo el puente en materia de lecciones jurídicas para que estas no sean previsibles y no se tomen medidas en casos tan cruciales. Urge rectificar y acelerar, pues la justicia debe ser meridiana.
