En el marco de la solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, la defensa del mandatario ha cuestionado la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Entre los elementos clave figuran audios y capturas de pantalla aportados por María Victoria Solarte, del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., en los que presuntamente el alcalde solicitaría el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia urbanística.
Defensa alega manipulación de pruebas
Durante la audiencia, el abogado defensor Ricardo Burgos afirmó que un peritazgo informático contratado por la defensa encontró presuntas alteraciones en los audios y mensajes. “Efectivamente hicimos un peritazgo con una empresa muy reconocida de peritos informáticos, y lo que nos manifiestan es que toda la extracción tiene manipulación, ha sido alterada”, declaró Burgos a Blu Radio.
La defensa también cuestionó la forma en que se realizó la extracción del material digital. “Resulta que en un peritazgo no pasa los parámetros legales establecidos para tal hecho”, agregó. Según su versión, el informe técnico advertiría que los audios no provienen de un dispositivo móvil nativo original, sino que fueron manipulados por varios programas.
Contraparte defiende legalidad de las pruebas
Frente a esos cuestionamientos, el abogado Alejandro Cadena, representante de las presuntas víctimas, rechazó las afirmaciones y defendió la legalidad del material. “Confiamos en la administración de justicia y en la señora juez, que es la única que conoce la gran cantidad de elementos de prueba que soportan la denuncia y la legalidad de las grabaciones”, manifestó.
Cadena destacó la rigurosidad en el manejo de la cadena de custodia: “Hemos sido tan rigurosos que al día de hoy las grabaciones no las conoce la opinión pública, como para que la defensa diga que han sido alteradas. Es una acusación muy grave que tendría que haber probado en la audiencia y no lo hizo”. También afirmó que “cuando se conozcan los audios no quedará duda alguna sobre su autenticidad”.
Origen del conflicto: licencia urbanística
La defensa del alcalde explicó que inicialmente existía una licencia urbanística para una construcción de aproximadamente 600 metros cuadrados, pero luego se solicitó una ampliación que, según Burgos, no fue aprobada por incumplir requisitos. “En la alcaldía anterior a la de Víctor Gamboa les niegan una ampliación porque afectan fuentes hídricas. Entonces, estaban construyendo una piscina dentro de una quebrada”, afirmó.
Por su parte, el abogado Cadena negó esa versión y aseguró que la licencia inicial era válida. Al no obtener respuesta de la administración dentro de los plazos legales, acudieron al silencio administrativo positivo, protocolizando el trámite mediante escritura pública. Cuando un Tribunal suspendió ese acto, pararon la obra y solo hicieron reparaciones menores.
Cadena sostuvo que la denuncia señala que el alcalde exigió la contratación de una persona cercana e intentó pedir dinero a cambio de facilitar el licenciamiento. Tras negarse, la administración habría rechazado pruebas, declarado desistida la solicitud y emitido actos administrativos ordenando la demolición.
Solicitud de prisión y próximos pasos
Durante la diligencia, la representación de víctimas solicitó que el alcalde sea enviado a prisión, argumentando riesgo de reincidencia, posible obstrucción a la justicia y antecedentes por delitos contra la administración pública. La próxima semana se definirá si el alcalde continúa en libertad o se le impone una medida de aseguramiento, mientras las versiones opuestas serán debatidas en un futuro juicio.
