Defensa de exconsejera presidencial solicita intervención de Procuraduría en caso Ungrd
La defensa legal de Sandra Ortiz, quien se desempeñó como consejera presidencial para las Regiones, ha enviado una comunicación formal al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. En este documento, solicitan específicamente la intervención del Ministerio Público respecto a la aplicación del principio de oportunidad que beneficiaría a dos antiguos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Cuestionamiento a la credibilidad otorgada por la Fiscalía
Según la misiva, firmada por el abogado Mauricio Camacho Fernández, la Fiscalía General de la Nación ha proporcionado "exagerada protección y credibilidad" a Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Ungrd, y a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quien ocupó el cargo de exsubdirector. Este tratamiento especial se mantiene a pesar de que ambos individuos han reconocido públicamente su responsabilidad dentro de la compleja red de corrupción descubierta en la entidad.
El texto de la carta es contundente al afirmar: "Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía les ha otorgado a estos señores, pues, a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia, al parecer han llegado a inducir en error a magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia".
Señalamientos sobre irregularidades procesales
La defensa de Sandra Ortiz también pone en tela de juicio la actuación de la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte, criticando la manera en que se elaboró y presentó un acta de preacuerdo con Olmedo López. Recientemente, una magistrada del Tribunal confirmó la negativa a aprobar dicho acuerdo y llamó la atención a la Fiscalía por la forma "inusual" en la que se omitieron delitos graves, como el peculado, durante el proceso.
Además, la comunicación hace referencia a una denuncia presentada por el abogado Jaime Lombana, defensor de Iván Name, expresidente de la Cámara de Representantes. En esta denuncia se alega que Olmedo López y Sneyder Pinilla, con la colaboración de peritos contratados, habrían elaborado un dictamen con información falsa. Este documento habría sido fundamental para las decisiones judiciales que resultaron en la privación de libertad de Sandra Ortiz, así como de los excongresistas Iván Name y Andrés Calle.
Presuntas manipulaciones de evidencia técnica
Otro punto crucial mencionado en la carta es la supuesta manipulación de pruebas técnicas, específicamente relacionada con datos proporcionados por la empresa de telecomunicaciones Movistar. Según la defensa, el número telefónico atribuido a Sneyder Pinilla no muestra actividad alguna durante el período analizado en el International Mobile Equipment Identity (IMEI), que es un identificador único para cada dispositivo móvil. Esta inconsistencia plantea serias dudas sobre la integridad de las pruebas presentadas en el caso.
Llamado a la reflexión del Ministerio Público
La misiva concluye enfatizando que las circunstancias expuestas "no son de poca monta" y merecen una cuidadosa reflexión por parte del Ministerio Público. Solicitan que, después de conocer estas graves denuncias, la Procuraduría fije su posición en la audiencia donde se decidirá la aplicación del principio de oportunidad para Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Contexto del caso de Sandra Ortiz
El pasado 10 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que Sandra Ortiz enfrentará un juicio oral, tras negar en segunda instancia la solicitud de preclusión presentada por su defensa. La exfuncionaria está acusada por la Fiscalía de ser presuntamente responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, dentro del escándalo de corrupción en la Ungrd.
En su decisión, el tribunal concluyó que no existen impedimentos para que la exconsejera avance a juicio, a pesar de que ella ha negado en múltiples ocasiones los señalamientos en su contra. La defensa había solicitado el cierre del caso argumentando que la Fiscalía no fue clara respecto a un contrato vinculado al municipio de Repelón, en el departamento del Atlántico.
