Contratista revela pagos en efectivo por remodelación de apartamento del presidente de Ecopetrol
Johny Giraldo, el contratista encargado de la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha lanzado una serie de graves acusaciones que vinculan pagos multimillonarios en efectivo y una supuesta estructura de poder alterna dentro de la estatal petrolera más importante del país. En una entrevista exclusiva con la cadena radial 6AM W de Caracol Radio, el constructor aseguró que los honorarios por las obras en el inmueble le fueron presuntamente entregados en condiciones completamente irregulares, generando un escándalo de grandes proporciones.
Detalles de los pagos en efectivo y la entrega del dinero
Según el relato detallado de Giraldo, recibió la suma extraordinaria de 2.000 millones de pesos en efectivo, transportados en cajas de cartón de manera clandestina. El contratista precisó que la entrega del dinero se habría realizado en las inmediaciones del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sirve a la ciudad de Medellín, en una operación que describe como opaca y sospechosa.
En dicha operación financiera, Giraldo señaló directamente a Hernando Ballesteros Traslaviña, abogado de confianza de Ricardo Roa, como la persona que presuntamente había estado encargada de recibir los fondos y coordinar la transacción. Esta revelación añade una capa adicional de complejidad al ya controvertido caso.
Acusaciones sobre la estructura de poder en Ecopetrol
Más allá de los detalles financieros específicos de la remodelación del apartamento, Johny Giraldo hizo afirmaciones que golpean directamente la estructura administrativa y de mando de la compañía más grande de Colombia. El contratista aseveró ante el medio citado que el mando real en Ecopetrol no lo ejerce Ricardo Roa, sino su compañero sentimental, Julián Caicedo.
Esta declaración cuestiona fundamentalmente la cadena de comando dentro de la empresa estatal y sugiere la existencia de influencias externas no oficiales en la toma de decisiones corporativas, lo que podría tener implicaciones significativas para la gobernanza y transparencia de la entidad.
Cruce público de acusaciones con el presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro arremetió contra el constructor a través de sus redes sociales, calificándolo como "una persona oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba" y afirmando que "me prometió en un momento traer dinero de Venezuela que inmediatamente rechacé". Además, el mandatario lo asoció con policías corruptos, elevando el tono de la controversia.
La respuesta de Giraldo fue inmediata y contundente: "El presidente Petro me acusó de matar a William Vélez, eso es totalmente falso. Este es un Estado de Derecho, no estamos en Narnia", dijo el contratista en la misma cadena radial, rechazando categóricamente los señalamientos por homicidio y estafa, y cuestionando la veracidad de las acusaciones presidenciales.
Contexto judicial que rodea a Ricardo Roa y escalada del caso
Estas nuevas revelaciones se suman a la imputación formal que la Fiscalía General de la Nación realizó contra Ricardo Roa el pasado 11 de marzo por el presunto delito de tráfico de influencias. El ente acusador investiga un supuesto beneficio económico de 900 millones de pesos en la compra de un inmueble en el sector de El Chicó, en Bogotá.
Según la investigación fiscal, este beneficio habría sido compensado con gestiones para favorecer a la empresa Gaxi SA ESP en negocios de regasificación en La Guajira, creando un entramado de posibles irregularidades que se extiende más allá del caso de la remodelación del apartamento.
El caso continúa escalando mientras la fiscal general monitorea las denuncias por amenazas contra testigos clave, como Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, quien ha declarado sobre las presuntas instrucciones de Roa para direccionar contratos multimillonarios. Esta situación genera preocupación sobre la protección de quienes colaboran con la justicia en procesos de alta sensibilidad.
Las implicaciones de estas revelaciones podrían afectar no solo la estabilidad directiva de Ecopetrol, sino también la confianza pública en las instituciones estatales y los procesos de contratación en empresas de capital mixto, en un momento de especial atención a la transparencia en la gestión pública.
