Un tribunal de Estados Unidos ha ordenado a un grupo de personas y empresas pagar 578 millones de dólares a México como reparación por haber participado en negocios ilícitos con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano que cumple prisión en el país norteamericano por narcotráfico. La información fue confirmada el miércoles por el gobierno mexicano.
Segunda sentencia favorable a México
Este fallo representa la segunda decisión judicial a favor de México en las demandas presentadas en Estados Unidos para recuperar activos vinculados a la red de corrupción liderada por García Luna, quien fue el máximo responsable de la lucha antidrogas durante el mandato del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
En 2024, García Luna fue condenado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. La nueva resolución llega un año después de que la justicia estadounidense sentenciara al exfuncionario y a su esposa a pagar 2.400 millones de dólares al Estado mexicano, acusados de conformar una red de corrupción mediante contratos públicos amañados y lavado de dinero en Estados Unidos.
Detalles del fallo
La Secretaría de Hacienda de México informó en un comunicado que "la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578,5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano". La dependencia destacó que el monto total de condenas obtenidas a favor de México por este caso asciende a 3.067 millones de dólares, lo que representa "una acción de recuperación patrimonial relevante" impulsada por el Estado.
Próximos pasos
El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que García Luna debe enfrentar también cargos en México, como su participación en un fallido operativo contra el tráfico de armas y por irregularidades en la privatización y equipamiento de cárceles federales. Las autoridades mexicanas continúan buscando justicia en ambos países para sancionar la corrupción que afectó al sistema de seguridad durante el gobierno de Calderón.
