Empate judicial frena decisión sobre congresistas acusados en escándalo de la Ungrd
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se encontró en un punto muerto tras una votación que terminó en empate sobre la acusación contra cinco congresistas en ejercicio y un excongresista, todos vinculados al sonado caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta situación obliga al alto tribunal a convocar conjueces para desbloquear el debate y determinar el destino judicial de los parlamentarios investigados.
Los nombres detrás del escándalo
Los parlamentarios involucrados en este proceso judicial son:
- Wadith Manzur, del Partido Conservador
- Liliana Esther Bitar, del Partido Liberal
- Julián Peinado Ramírez, del Partido Liberal
- Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal
- Karen Astrid Manrique, representante de las Curules de Paz
- Juan Diego Muñoz, excongresista de la Alianza Verde
La ponencia que busca juicio y prisión preventiva
El magistrado Misael Rodríguez presentó una ponencia donde propone llamar a juicio a todos los implicados y ordenar su envío a prisión preventiva mientras avanza el proceso. Su argumento central se basa en que, debido al poder político y la influencia regional y nacional de los procesados, estos podrían interferir significativamente en el desarrollo del juicio.
Los supuestos acuerdos de respaldo político
Según la hipótesis de investigación, los congresistas habrían negociado su respaldo a proyectos impulsados por el Gobierno a cambio de beneficios específicos para sus regiones. Estos acuerdos presuntamente se materializaron mediante cupos indicativos y contratos de proyectos financiados con recursos públicos.
Uno de los escenarios clave donde se habría concretado este respaldo político fue la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia fundamental en la aprobación de operaciones de endeudamiento del Estado. Varios de los congresistas investigados formaban parte activa de esta comisión.
El rechazo anterior y las pruebas acumuladas
El magistrado ponente ya había intentado previamente que la Sala aprobara una medida de aseguramiento contra los cinco congresistas que actualmente ocupan curul, excluyendo al exrepresentante Juan Diego Muñoz. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada por la Sala en agosto del año pasado.
La ponencia derrotada se sustentaba en un documento de aproximadamente 500 páginas que recopilaba testimonios de varios exfuncionarios del Gobierno, incluyendo:
- Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la Ungrd
- Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones
- Ricardo Bonilla y Diego Guevara, exministros de Hacienda
- Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio
Reyes aseguró haber advertido al presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en la distribución de contratos y en la asignación de recursos del Ministerio de Hacienda antes de que el escándalo de corrupción se hiciera público.
Las pruebas digitales clave
Entre las evidencias centrales del expediente se encuentran los chats encontrados en el celular de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. En estas conversaciones se registran reuniones entre ministros señalados y congresistas investigados donde, presuntamente, se discutió el respaldo legislativo a iniciativas como el proyecto de endeudamiento.
Las posiciones jurídicas que generaron el empate
Durante el debate interno surgieron dos posiciones jurídicas distintas que llevaron al empate 3-3 entre los magistrados:
Primera posición: Plantea la posible existencia de un vicio de procedimiento que podría invalidar lo actuado hasta ahora en el proceso. Este cuestionamiento está relacionado específicamente con la investigación contra Wadith Manzur, inicialmente asignada al despacho del magistrado Héctor Alarcón. Según esta postura, el expediente habría sido reasignado sin seguir el procedimiento correspondiente, lo que obligaría a devolver el caso para un nuevo reparto.
Segunda posición: Sostiene que no existirían pruebas nuevas o circunstancias sobrevinientes que justifiquen ordenar una medida de aseguramiento contra los congresistas, pese a que el magistrado ponente propone su llamado a juicio.
Próximos pasos y contexto político
Ante el empate, los magistrados volverán a reunirse la próxima semana para elegir conjueces que participen en la decisión final. La fecha prevista para intentar destrabar el debate y definir la situación jurídica de los parlamentarios es el 11 de marzo.
Mientras tanto, el caso se cruza directamente con el calendario político nacional. Actualmente, Wadith Manzur y Karen Manrique están aspirando a la reelección en sus curules, por lo que la decisión judicial podría coincidir temporalmente con el proceso electoral del domingo 8 de marzo, añadiendo una capa adicional de complejidad a este ya intricado caso de corrupción.
