Un nuevo escándalo sacude al programa bandera del Gobierno nacional en infraestructura: Vías para la Paz. El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, denunció presuntas irregularidades en los procesos de contratación del Instituto Nacional de Vías (Invías), específicamente en la licitación número 038. Según Idárraga, la subdirectora encargada, Ruby Amparo Malaver, habría permitido la habilitación de oferentes sin que su experiencia pudiera ser verificada adecuadamente.
Alertas ignoradas
Idárraga señaló que ya se habían emitido advertencias previas desde la Contraloría y otros oferentes, pero estas no fueron suficientes para frenar la aprobación de propuestas cuestionadas. "Resulta inquietante que, pese a las observaciones y alertas tempranas, en Invías la ingeniera Ruby Amparo Malaver continúe manteniendo habilitados a determinados proponentes cuya experiencia acreditada no ha podido ser debidamente verificada", expresó el funcionario.
Irregularidades detectadas
Entre las irregularidades mencionadas se encuentran la validación de certificaciones de experiencia sin el debido soporte, la aprobación de contratos con posibles incumplimientos y la participación de oferentes que no reunirían las condiciones técnicas necesarias. Idárraga hizo un llamado a las autoridades competentes para que adopten medidas que garanticen la transparencia, selección objetiva y legalidad en la contratación estatal.
El programa Vías para la Paz busca mejorar la infraestructura vial terciaria en zonas apartadas, con participación de comunidades organizadas como las Juntas de Acción Comunal. Sin embargo, estas denuncias ponen en entredicho la transparencia de su ejecución, en un contexto donde el Gobierno ha destacado este proyecto como fundamental para la transformación territorial.
Reacciones y consecuencias
Hasta el momento, las acusaciones no implican decisiones judiciales, pero abren la puerta a posibles investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. La Procuraduría podría iniciar indagaciones, mientras que la Contraloría ya había advertido sobre los riesgos. Idárraga solicitó "medidas inmediatas de verificación, control y, de ser el caso, exclusión de aquellos proponentes que no cumplan estrictamente con los requisitos".
Este escándalo se suma a otras denuncias de corrupción en entidades del Estado, como el Fondo Adaptación, y pone en jaque la credibilidad de los programas de infraestructura del Gobierno.
