El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y ha establecido medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal.
Detalles de la decisión judicial
La resolución fue difundida este sábado, después de la audiencia preliminar del pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron estas medidas por considerar que existía riesgo de fuga. En el auto, de 84 páginas, Peinado acepta la petición de Hazte Oír, principal acusación popular, y desoye el criterio de la Fiscalía, que se oponía a las medidas cautelares, así como el de las defensas, que sostenían que no hay motivos para continuar con la causa.
Peinado envía a juicio a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También procesa a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos, y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Justificación del juez
El magistrado sostiene que existen "indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo" y que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida". Además, fundamenta su decisión en que Gómez se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio, y señala que "no podrá hallarse un supuesto de similares características", comparando la situación con "regímenes absolutistas" del pasado.
En el auto, Peinado también se refiere a los agentes de seguridad que escoltan a Gómez, sugiriendo que podrían colaborar en una posible fuga. Las fuentes de Moncloa califican estas afirmaciones como "otro ejemplo del despropósito" del magistrado.
Reacción del Gobierno
Desde el Palacio de la Moncloa, fuentes oficiales han asegurado que la decisión del juez Peinado "constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado". Afirman que la instrucción carece de sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.
Como contraste, las mismas fuentes recuerdan que el juez Calama, que instruye la causa de Plus Ultra, consideró injustificado imponer medidas restrictivas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por ser una persona "de pública notoriedad", descartando la retirada del pasaporte por considerar que supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación.
