La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al excanciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, por su presunta relación con el sonado caso de los pasaportes y la licitación de la empresa Thomas Greg and Sons. El exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro es acusado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
Audiencia virtual ante la Corte Suprema
La audiencia de acusación se desarrolló de forma virtual, ante el despacho de la magistrada Blanca Nelida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Leyva es el primer exministro del gobierno Petro en ser llamado a juicio por escándalos de presunta corrupción. En su caso, con decisiones relacionadas con el sistema de pasaportes.
Origen del expediente
El expediente de la Fiscalía en contra de Leyva tiene su origen en una invitación pública que ganó la firma Thomas Greg and Sons, pero que, según el ente investigador, el exfuncionario habría torcido por medio de tres órdenes administrativas. La Procuraduría encontró en noviembre de 2024 que las movidas de Leyva sí fueron ilegales y lo destituyó e inhabilitó por diez años.
Según la Fiscalía, el excanciller habría emitido tres actos administrativos para “disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planeación” al frente de la Cancillería y desviar la contratación para la producción y distribución de pasaportes colombianos. En septiembre de 2023, Leyva declaró desierta una licitación para un jugoso contrato de COP 559.000 millones.
Detalles de la licitación
El objetivo de ese contrato era asegurar el funcionamiento del sistema de pasaportes del país hasta julio de 2026. Aunque a la convocatoria sí se presentaron oferentes y un comité recomendó entregarle el contrato a la firma Thomas Greg and Sons, dice el ente investigador, Leyva echó para atrás ese proceso de forma “caprichosa” y sin argumentos válidos.
La orden del excanciller Leyva fue respondida por parte de Thomas Greg and Sons con un recurso de reposición que fue rechazado el 14 de septiembre de 2023 desde el despacho del exfuncionario sin mayor explicación. Para la Fiscalía, haber rechazado ese recurso, sin argumentos claros y solo un día después de haber declarado desierta la licitación, da cuenta de que Leyva Durán “actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder”.
Urgencia manifiesta
A esa orden, según la Fiscalía, le siguió un tercer acto administrativo de la Cancillería con el cual Leyva declaró la urgencia manifiesta. Una movida que no solo sacó a Thomas Greg and Sons de la licitación, sino que habilitó a la Cancillería para que adelantara una contratación directa y, de paso, solucionara el problema de poner en riesgo el sistema de pasaportes.
La investigación adelantada desde el búnker señala que Leyva “ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado de buena forma”. Pese a ello, al parecer, intentó desviar la contratación para que no quedara en manos de Thomas Greg and Sons. “Con su falta de integridad y transparencia en el ejercicio de su labor como servidor público, no protegió los intereses de la comunidad ni de los beneficiados para ese momento”, dijo la Fiscalía.
Defensa de Leyva
Leyva, por su parte, se ha defendido desde el principio diciendo que funcionarios a su cargo habrían hecho movidas irregulares para que la mencionada empresa se quedara con el contrato y que con sus órdenes, solo buscó “garantizar la pluralidad”, declarando desierta la primera licitación y ordenando rehacer el proceso en contra de Thomas Greg and Sons.
Pero la Fiscalía señala que Leyva sí tenía conocimiento del talante de sus órdenes. “Su arbitraria determinación provino de un acto puro y subjetivo de autoridad que declaró desierta la licitación. Se hizo con absoluta voluntad y conocimiento”, indicó el ente investigador. Ahora Leyva tendrá que defenderse ante la Corte Suprema de Justicia, que adelantará el juicio en su contra.
