Fiscalía detalla red criminal para direccionar contratos por más de $612 mil millones
La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia una contundente acusación de 287 páginas contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), a quienes señala como líderes de una empresa criminal que direccionó contratos públicos por más de medio billón de pesos a cambio de apoyo político en el Congreso.
El entramado del saqueo a la UNGRD
Según el documento al que tuvo acceso exclusivo este medio, los exfuncionarios habrían concertado entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública desde mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024. El objetivo central era asegurar las mayorías parlamentarias necesarias para la aprobación de las reformas sociales y los empréstitos de la Nación.
La Fiscalía sostiene que Velasco y Bonilla pactaron ilegalmente con una decena de senadores y representantes el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Invías y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de su voto en las sesiones de las comisiones del Congreso a las que pertenecían.
Los números de la acusación
El ente investigador documentó que, durante el tiempo en que los exministros se desempeñaron como cabezas de sus carteras, se habrían direccionado a favor de congresistas:
- 74 proyectos radicados en el Invías por $571.701 millones
- 5 proyectos en la UNGRD por $40.536 millones
- Total: $612.237 millones comprometidos
Sin embargo, de ese más de medio billón prometido, solo siete proyectos habrían sido efectivamente concertados según la investigación.
División del trabajo criminal
La organización delincuencial, según la Fiscalía, se estructuró con una división de trabajo preacordada. Olmedo López, entonces director de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector, habrían sido los encargados de destinar y presupuestar los proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados.
Mientras tanto, Velasco y Bonilla habrían liderado, promovido y dirigido esta red. "Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron las gestiones ilícitas necesarias al interior del Invías y la UNGRD para cumplir los compromisos adquiridos con los congresistas", se lee en el documento.
Modus operandi: contratos por votos
El mecanismo descrito por la Fiscalía era simple en su concepción pero complejo en su ejecución: "comprar" congresistas mediante la entrega de contratos financiados con recursos públicos, a cambio de su apoyo a los proyectos del Gobierno en el Congreso o de su presencia para garantizar quórum, deliberación y votación.
Uno de los episodios más reveladores ocurrió en junio de 2023, cuando Velasco le habría ordenado a Olmedo López apoyar la reforma pensional presentándose en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado para acordar contratos con ciertos parlamentarios y ampliar las mayorías en esa célula legislativa.
Distribución regional de los proyectos
La acusación detalla minuciosamente cómo se distribuyeron los 71 proyectos gestionados con este propósito:
- Comisión Cuarta de Cámara: 13 proyectos en Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por $142.658 millones.
- Comisión Cuarta de Senado: 19 proyectos en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816 millones.
- Comisión Tercera de Senado: 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por $155.145 millones.
- Comisión Tercera de Cámara: 25 proyectos en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca, por $177.380 millones.
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
La investigación también revela cómo se habría "aceitado" la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entre junio y noviembre de 2023, Bonilla presentó ante esta célula 17 operaciones de crédito público que inicialmente no fueron tramitadas por falta de quórum.
Solo hasta el 28 de noviembre de 2023 comenzaron a viabilizarse, con la aprobación unánime de los congresistas que asistieron. La Fiscalía sostiene que esta concurrencia, deliberación y votación solo se logró después de convenir con los legisladores que, a cambio, se les entregaría contratación pública.
Reunión en Casa La Giralda
El documento menciona específicamente una reunión ocurrida el 18 de septiembre de 2023 en la Casa La Giralda, una de las dependencias del Ministerio del Interior, donde participaron Velasco, Bonilla y la exasesora María Alejandra Benavides.
"En ese encuentro, Velasco hizo alusión a las elecciones regionales previstas para octubre, al panorama para el Gobierno en esos comicios y a la necesidad de asegurar el respaldo político de los congresistas mediante el ofrecimiento de beneficios indebidos", señala la acusación.
Circunstancias de mayor punibilidad
La Fiscalía enfatiza que las conductas se habrían ejecutado bajo circunstancias de mayor punibilidad, al recaer sobre recursos destinados a actividades de utilidad común y a la satisfacción de necesidades básicas de la población.
Esto adquiere especial gravedad considerando que los proyectos comprometidos estaban relacionados con la gestión del riesgo y con infraestructura de transporte, es decir, con la conectividad, transitabilidad y movilidad de los colombianos.
El mismo día en que se presentó la acusación, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Bonilla por vencimiento de términos, mientras que ambos exministros serán llamados a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
