La reconocida exreina de belleza y actriz colombiana Yeimy Paola Vargas enfrenta un proceso judicial tras revelarse graves inconsistencias en su hoja de vida. Lo que comenzó como un exitoso salto a la gestión pública en su natal Cartagena se ha transformado en un expediente en la Fiscalía General de la Nación, que la cita a una audiencia de imputación de cargos el próximo 30 de abril por el presunto delito de falsedad en documento público, según reveló la revista Semana.
El origen del escándalo
El epicentro del caso es una certificación académica que Vargas adjuntó a su perfil para acreditarse como tecnóloga laboral en actuación y teatro. Gracias a este documento, supuestamente otorgado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la actriz logró firmar un contrato en marzo de 2025 con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) por un valor de 55 millones de pesos. El objetivo era apoyar la gestión y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.
Una tipografía que levantó sospechas
Aunque nadie pone en duda el talento y la trayectoria artística de Yeimy Paola, la justicia cuestionó la forma. La alerta roja saltó debido a un detalle técnico: la tipografía utilizada para imprimir su nombre en el acta presentada. El docente e investigador Álvaro González Álvarez, en octubre de 2025, señaló la apariencia del documento. La estocada final provino de la Alcaldía de Bucaramanga, que en una respuesta oficial afirmó que Yeimy Paola Vargas no figura en ningún registro, listado o certificado de la institución. Según la entidad, el diploma presentado carece de soporte administrativo y su formato difiere completamente de los estandarizados por el ente oficial. En pocas palabras, el título que le abrió las puertas de la contratación pública en Cartagena parece haber sido fabricado.
Contratos bajo la lupa y un silencio elocuente
Lo que resulta aún más insólito para los investigadores es que, tras la polémica y la suspensión del primer contrato, la Alcaldía de Cartagena decidió otorgarle una nueva orden de prestación de servicios este año. En esta ocasión, el contrato es por 18 millones de pesos y la vinculan bajo el perfil de bachiller, utilizando la misma hoja de vida pero sin el acta de tecnóloga cuestionada. Mientras la defensa de la exreina guarda silencio frente a los requerimientos de la prensa, la Alcaldía de Cartagena se escuda en el debido proceso y la presunción de inocencia para justificar su vinculación. Sin embargo, la Fiscalía no solo apunta a la actriz; la investigación promete escalar hacia los funcionarios del IPCC que dieron luz verde a los contratos, a pesar de las advertencias que ya circulaban públicamente.
El próximo 30 de abril, en las salas de audiencia de Cartagena, Yeimy Paola Vargas deberá explicar cómo un acta de grado inexistente terminó siendo el soporte de su labor como servidora pública.
