José Antonio Salazar Ramírez, quien fungió como secretario general de la Cancillería durante la gestión del excanciller Álvaro Leyva, ha sido imputado por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la contratación de pasaportes. Los delitos imputados son prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Irregularidades en la contratación de pasaportes
De acuerdo con la investigación, Salazar Ramírez habría emitido tres resoluciones para direccionar de manera irregular un millonario contrato a la empresa Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes colombianos. Además, se le señala de haber incrementado su patrimonio de manera injustificada mediante la compra de lotes en el departamento del Meta. Por el mismo caso, su exjefe, Álvaro Leyva Durán, ya fue llamado a juicio.
Antecedentes del caso
La imputación contra Salazar Ramírez tiene su origen en las mismas acciones que llevaron a Leyva Durán al banquillo de los acusados. Según la Fiscalía, en septiembre de 2023, el entonces canciller emitió tres actos administrativos que habrían desviado la entrega de un contrato por 559.000 millones de pesos colombianos. Este contrato tenía como objetivo asegurar la producción y distribución de pasaportes, y un comité evaluador ya había recomendado asignarlo a Thomas Greg & Sons.
El 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán declaró desierta la licitación pública y frenó la entrega del contrato. La empresa interpuso un recurso de reposición que fue negado al día siguiente. Ese mismo 14 de septiembre, Leyva Durán firmó una declaratoria de urgencia manifiesta que permitía a la Cancillería entregar de forma directa el contrato, excluyendo a Thomas Greg & Sons.
Actuaciones del exsecretario
Cinco meses después, según la investigación, Salazar Ramírez emitió tres nuevas resoluciones que dejaron sin efecto las decisiones de su jefe, aparentemente para asignar el contrato a Thomas Greg & Sons. La Fiscalía señala que con estas acciones habría excedido sus competencias, ya que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional.
Incremento patrimonial sin justificación
Otro punto relevante en la imputación es el incremento patrimonial de Salazar Ramírez durante su gestión como secretario general, entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024. En octubre de 2023, habría comprado tres predios rurales en Puerto López (Meta) avaluados en 950 millones de pesos colombianos, sin justificación financiera. La Fiscalía destaca que no existen transferencias, créditos ni soportes bancarios que respalden la compra de los inmuebles.
El exfuncionario no aceptó los cargos, por lo que la Fiscalía deberá proceder con la acusación formal en su contra.
