Fiscalía formaliza acusación contra exalcalde Caicedo por presuntas irregularidades en contratación
La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra el candidato presidencial Carlos Caicedo por presuntas anomalías en la contratación de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas durante su gestión como alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015. Los hechos investigados corresponden a contratos de infraestructura social que habrían generado un posible detrimento patrimonial para el distrito.
Detalles del contrato investigado y presuntas irregularidades
El contrato en cuestión fue suscrito en 2015 por un valor inicial cercano a los 6.954 millones de pesos, con un plazo de ejecución de seis meses, para la construcción de infraestructura destinada a la primera infancia en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad. La investigación fiscal apunta a presuntas irregularidades en tres fases críticas:
- Planeación y diseño deficiente: Se habría solicitado la vinculación de un arquitecto específico cuyos planos presentaban fallas técnicas en aislamiento térmico y acústico, además de componentes estructurales incompletos.
- Falta de coordinación institucional: No se habría coordinado el proyecto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de establecer estándares técnicos para espacios infantiles, afectando normas de seguridad y funcionamiento.
- Proceso de licitación cuestionado: La adjudicación recayó en el único proponente que participó, lo que investiga la Fiscalía por posibles violaciones a principios de transparencia y pluralidad en la contratación estatal.
Adiciones millonarias y ejecución problemática
Durante la ejecución del contrato surgieron múltiples imprevistos que derivaron en modificaciones contractuales significativas:
- Problemas con redes de servicios públicos y permisos de construcción
- Ausencia de estudios de suelos y sismorresistencia requeridos
- Firma de 11 otrosíes y adiciones que sumaron aproximadamente 4.534 millones de pesos adicionales
A una década de su firma, el contrato no ha sido liquidado aunque se ha pagado el 94% del valor total, sin que las obras hayan sido entregadas completamente a la comunidad. La investigación expone así un caso de presuntas fallas en contratos públicos que ahora llega a los tribunales para su definición judicial.
