Fiscalía acusa a Leyva por frenar contrato de pasaportes
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente el escrito de acusación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción, en el marco del proceso de licitación para la expedición de pasaportes. Según el ente acusador, Leyva tomó decisiones contrarias a la ley al declarar desierta la licitación, a pesar de que el único oferente, la Unión Temporal integrada por Thomas Greg & Sons, cumplía con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.
Las tres decisiones cuestionadas
La acusación se centra en tres actos administrativos adoptados en septiembre de 2023. El primero es la Resolución 7485, mediante la cual se declaró desierta la licitación. La Fiscalía sostiene que no existía ninguna causal válida para impedir la adjudicación, ya que el proceso había superado todas sus etapas y la propuesta de Thomas Greg era viable. El segundo acto es la Resolución 7540, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el proponente, manteniendo la decisión inicial. Finalmente, la declaratoria de urgencia manifiesta, que permitió contratar directamente con la Casa de la Moneda de Portugal, es considerada por la Fiscalía como una medida artificial para justificar la contratación directa.
Argumentos de la Fiscalía
Para la Fiscalía, la decisión de Leyva fue caprichosa, arbitraria y contraria a derecho. El escrito de acusación señala que el excanciller conocía el desarrollo del proceso y nunca formuló objeciones durante su estructuración. Además, tenía la facultad de revocar la apertura de la licitación o ajustar las condiciones del pliego antes de la presentación de propuestas, pero no lo hizo. La Fiscalía también descarta el argumento de Leyva de que no era posible adjudicar por existir un único oferente, pues la ley permite la adjudicación cuando el proponente cumple con los requisitos.
El ente acusador también cuestiona el trámite del recurso de reposición, señalando que no se garantizó el derecho de defensa del recurrente. Respecto a la urgencia manifiesta, la Fiscalía afirma que fue creada artificialmente para justificar la contratación directa, afectando derechos de los ciudadanos como la libre locomoción.
Antecedentes disciplinarios
La Procuraduría General de la Nación ya había sancionado a Leyva con destitución e inhabilidad por 10 años por estos mismos hechos, decisión confirmada en segunda instancia. La Fiscalía atribuye una circunstancia de mayor punibilidad debido a la posición del excanciller como ministro de Relaciones Exteriores y su amplia trayectoria en cargos públicos.
El caso ahora será conocido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará el juicio contra Álvaro Leyva.
