Nuevo capítulo en investigación de financiación de campaña Petro
La Fiscalía General de la Nación ha abierto un nuevo frente en la investigación sobre las irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, enfocándose ahora en el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según fuentes internas del ente acusador, las indagaciones contra el funcionario avanzan en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
La teoría de la triangulación de recursos
La tesis central de las autoridades investigadoras sostiene que durante el proceso electoral de 2022 se habrían manipulado las cuentas para transferir gastos del equipo del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, haciéndolos aparecer como si pertenecieran a la campaña al Senado que dirigía Guillermo Alfonso Jaramillo. Esta presunta "triangulación de recursos" ha estado bajo observación de la Fiscalía durante varios meses, según confirmaron fuentes cercanas al caso.
El ministro Jaramillo, quien fungió como gerente de la campaña del Pacto Histórico al Senado, ahora enfrenta un escrutinio legal que podría complicar su situación penal. La investigación se desarrolla paralelamente a la imputación formal contra Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Petro y actual presidente de Ecopetrol, por presunta violación de los topes electorales permitidos.
Cifras que no cuadran en las cuentas
Los investigadores han identificado al menos 2.024 millones de pesos que presentan inconsistencias en los registros financieros de la campaña. Esta cifra se desglosa en dos componentes principales:
- 451 millones de pesos corresponderían a aportes no justificados provenientes de la Unión Sindical Obrera (USO) y otros sectores
- 1.573 millones de pesos se relacionarían con facturas de tiquetes aéreos, hospedajes en hoteles y gastos de publicidad que exceden los límites establecidos por la legislación electoral
La revisión de cada una de las empresas involucradas continúa abierta, y según fuentes de la Fiscalía, la cifra total de irregularidades podría aumentar significativamente cuando se presente el informe completo ante un juez el próximo 12 de marzo.
El caso Sadi: división de facturas para evadir topes
Un capítulo particularmente delicado para el ministro Jaramillo involucra a la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS). La investigación sugiere que, para evitar superar los topes electorales establecidos en 8.758 millones de pesos, se habría dividido en dos partes la factura real de 2.324 millones de pesos por servicios de transporte aéreo.
De esta manera, según la teoría fiscal, una parte del pago (1.109 millones de pesos) fue reportada por la campaña presidencial a cargo de Ricardo Roa, mientras que la otra parte restante habría sido cargada a la campaña al Senado dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo. Esta maniobra habría permitido reducir los montos reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y mantenerse técnicamente dentro de los límites legales.
Audiencias judiciales programadas
El fiscal Elkin Ardila tiene previsto presentar el 12 de marzo ante un juez los argumentos completos para la imputación contra Ricardo Roa por el delito de violación de topes electorales. Un día antes, el 11 de marzo, la fiscal Claudia Garrido imputará al mismo funcionario por presuntas irregularidades en la compra de un apartamento de lujo en el barrio Chicó de Bogotá.
Juan David León, apoderado legal de Ricardo Roa, ha anunciado que prepara una defensa enfocada en desvirtuar los argumentos de la Fiscalía en ambos procesos. Por su parte, ni el ministro Jaramillo ni otros miembros de la campaña han sido citados formalmente a interrogatorio, aunque las investigaciones continúan avanzando.
Contexto más amplio de sanciones electorales
Estas acciones judiciales se suman a medidas ya adoptadas por otras entidades de control. El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó previamente a la campaña Petro por superar en 5.300 millones de pesos los topes de financiación permitidos durante la primera y segunda vuelta presidencial. Simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Comisión de Acusación investigue al presidente Gustavo Petro por un presunto desfase de 1.215 millones de pesos durante la consulta interpartidista del Pacto Histórico.
Las autoridades investigadoras no descartan ampliar el círculo de investigados, incluyendo posiblemente a los auditores responsables de revisar las cuentas de campaña. Mientras tanto, el expediente continúa creciendo con nueva documentación que los fiscales deben analizar minuciosamente antes de tomar decisiones definitivas.
