La Fiscalía General de la Nación ha decidido no acceder, por el momento, a la suspensión de las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo. Entre los señalados se encuentra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, máximo líder de esta organización criminal y requerido en extradición por Estados Unidos.
Comunicado oficial de la Fiscalía
La determinación fue plasmada en un comunicado emitido el 12 de mayo por la Fiscalía, en respuesta a la Resolución OCCP No. 120 del 29 de abril de 2026, expedida por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño. En dicho documento, el Gobierno aceptó “de buena fe el listado de 29 integrantes presentado por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), para empezar el desplazamiento preparatorio, progresivo y condicionado de dichas personas hacia dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)”.
Detalles de la resolución gubernamental
La resolución indicaba que el traslado de estas personas hacia las zonas comenzaría el próximo 25 de junio y comunicaba “la suspensión de pleno derecho de las órdenes de captura contra estas 29 personas, incluidas aquellas con fines de extradición”. Según el texto oficial, la medida fue remitida a la Fiscalía “para que adopte medidas de seguridad jurídica”, así como al Ministerio de Defensa y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).
Postura de la Fiscalía
Sin embargo, la Fiscalía informó que no implementará dicha suspensión “hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de requisitos”. La entidad resolvió abstenerse de ejecutar las medidas solicitadas por el Gobierno, argumentando la necesidad de verificar que se cumplan las condiciones establecidas para este proceso de paz.
Esta decisión marca un punto de inflexión en el proceso de sometimiento del Clan del Golfo, que busca avanzar hacia la desmovilización y la paz. La comunidad internacional y diversos sectores políticos siguen de cerca el desarrollo de estos acontecimientos, que podrían tener implicaciones significativas en la seguridad y la justicia en Colombia.
La noticia continúa en desarrollo. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las acciones que tomarán tanto el Gobierno como la Fiscalía en relación con este caso.
