La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló una nueva arista del escándalo de corrupción en la Fundación Universitaria San José. En esta ocasión, el fundador, exrector y representante legal de la institución, Francisco Pareja, fue denunciado por tramitar y ostentar dos títulos presuntamente ilegales otorgados por su propia universidad. La denuncia señala una red de corrupción interna y acusa directamente al Ministerio de Educación de conocer el fraude y archivar las investigaciones deliberadamente.
Los títulos irregulares de Pareja
Según Pedraza, Pareja obtuvo diplomas que lo acreditan como tecnólogo y administrador de empresas, emitidos por la misma institución que dirige. La legisladora afirmó que la universidad opera como una plataforma para beneficiar a sus directivos. “Como si el descaro de la Fundación Universitaria San José no fuese suficiente vendiéndole títulos a Juliana Guerrero, hoy estamos revelándole al país que su fundador, representante legal y ex rector, Francisco Pareja, también tiene títulos irregulares e ilegales de esta misma universidad”, detalló Pedraza.
Firmas cruzadas y un ministerio inactivo
Para mantener el control legal de la institución y la presidencia de la Junta de Dueños, los estatutos le exigían a Pareja un cartón profesional del que carecía. La solución, según expuso la legisladora, fue expedir los documentos a la medida. “El descaro llega a tal punto que sus títulos están firmados y otorgados por la misma pareja sentimental de Francisco Pareja que se llama Romelia Ñuste y también por Luis Carlos Gutiérrez, el mismo que está imputado en el caso de la compra y venta de títulos de Juliana Guerrero”, denunció la congresista.
El impacto del escándalo salpica al Gobierno Nacional. Los hallazgos presentados evidencian que las autoridades educativas tenían las alertas sobre la mesa. “Lo peor de toda esta historia es que el Ministerio de Educación sabía desde antes que el nombramiento (...) era irregular porque no presentaba un título profesional y fue por eso que el señor tuvo la prisa de conseguir rápidamente dos títulos”, cuestionó Pedraza.
La omisión oficial quedó registrada en documentos estatales. “¿Por qué el ministerio no hizo nada? Y peor, tenemos documentos en donde el ministerio dice: ‘Ya nos enteramos de esta irregularidad, pero deliberadamente toman la decisión de no investigar’”, expuso la representante.
Denuncias penales en curso
Frente a la gravedad probatoria, Pedraza catalogó la postura de la cartera como un encubrimiento que favorece a las mafias de la educación. “Aquí ya no estamos ante un caso de negligencia, sino de complicidad del Ministerio de Educación del gobierno del presidente Gustavo Petro”, dijo, criticando que se permita que “los negociantes de la educación se tapen en billete, que utilicen estas estructuras para beneficiarse a sí mismos y que sigan estafando”.
El equipo legislativo confirmó que llevará el caso a los estrados judiciales bajo la premisa de que la universidad funciona como un eventual concierto para delinquir. “Anunciamos desde ya una denuncia por prevaricato por omisión en contra del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín y también anunciamos una denuncia por falsedad en documento público en contra de Francisco Pareja”, sentenció Pedraza, dejando en manos de la justicia las sanciones correspondientes para proteger el derecho a la educación de los jóvenes colombianos.
Todo esto es el resultado de un seguimiento técnico que la representante Jennifer Pedraza ha liderado durante varios meses, luego de recibir constantes alertas de la comunidad académica. La acumulación de pruebas documentales, que incluyen respuestas oficiales del Icfes y del propio Ministerio, refuerza la tesis de una vigilancia estatal que, lejos de ser preventiva, parece ser que habría permitido la consolidación de un sistema de acreditación paralela en beneficio de particulares.
