La justicia colombiana imputó a Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos, así como a la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare, por su presunta participación en una red delictiva que realizaba cobros por servicios de reciclaje que no se prestaron en las condiciones reportadas ante las autoridades. El caso involucra operaciones realizadas en Tunja, Duitama y Sogamoso, en el departamento de Boyacá.
Detalles de la investigación
De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, los servicios de aprovechamiento y reciclaje reportados no se habrían ejecutado con la frecuencia informada ni bajo las condiciones acreditadas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las personas procesadas presuntamente se articularon para entregar información falsa relacionada con la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado.
Con esos reportes, habrían recibido más de 6.800 millones de pesos por concepto de remuneración tarifaria correspondiente a la actividad de aprovechamiento, pese a que, según el ente acusador, no cumplían realmente con labores de recolección, transporte y clasificación de residuos.
Falta de infraestructura y personal
La investigación también estableció que las dos sociedades involucradas no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material reciclable, ni con el personal requerido para desarrollar las actividades reportadas. Además, dentro de los informes entregados a las autoridades habrían sido incluidos nombres de habitantes de calle y recicladores.
En el curso de las diligencias judiciales, las autoridades detectaron que parte de los recursos obtenidos presuntamente fueron destinados a la compra de vehículos de alta gama e inmuebles, entre otros bienes.
Presuntas maniobras para ocultar el fraude
La Fiscalía también señaló que quedaron al descubierto actuaciones posteriores que, al parecer, buscaban ocultar el entramado ilícito. Entre ellas mencionó ajustes realizados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que las irregularidades fueran detectadas y de obstaculizar la acción de la justicia.
